La patronal afronta este martes una nueva cita decisiva, con el plan de viabilidad que prevé ocho despidos a debate en junta y asamblea
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido este lunes a los máximos representantes de la confederación de empresarios de Galicia (CEG), a los que ha respondido que el Gobierno gallego no puede acceder a dos de las peticiones que esta institución ha trasladado, relativas a la red 'Pexga' y a la financiación que recibe al amparo de la ley de participación institucional.
Los responsables de la patronal gallega, con su máximo dirigente, Antonio Dieter Moure, a la cabeza, han demandado que el conflicto abierto por una cantidad de 648.000 euros que el Ejecutivo autonómico reclama a la CEG --de una liquidación del mencionado programa de oficinas en el exterior-- fuese dilucidado mediante arbitraje. Feijóo, según fuentes conocedoras del contenido de la reunión, ha expuesto que no es posible, dado que la administración no se somete nunca a esta vía extrajudicial.
Así las cosas, la patronal gallega, a la espera de una respuesta al recurso de reposición que planteó en su día, asume que tendrá que decidir si presenta un recurso contencioso o si, por lo contrario, opta por el allanamiento. En caso de seguir adelante, cuenta con que debería constituir un aval por ese valor.
Cifra similar, de 600.000 euros, es la que le corresponde a la confederación de empresarios por la ley de participación institucional --que también prevé aportaciones para las organizaciones sindicales y empresariales más representativas--.
A este respecto, la patronal, acuciada por problemas de tesorería, ha solicitado un adelanto --lo habitual es que la liquidación se efectúe a fin de año--, pero, otra vez, según las fuentes consultadas por Europa Press, el presidente gallego ha dicho que no es posible.
En este escenario, el titular del Gobierno, que ha estado acompañado por el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, en un encuentro que no ha sido convocado públicamente, ha manifestado "que quiere una CEG fuerte y su total disponibilidad a colaborar".
EL PLAN DE VIABILIDAD, DE NUEVO A DEBATE
Esta cita, a la que Moure ha acudido acompañado por los vicepresidentes de la CEG --responsables de las confederaciones provinciales--, y otra interna entre los cinco representantes de la confederación, se producen justo un día antes de la junta directiva y la asamblea general convocadas para este martes --la primera desde las 16,30 horas y la segunda a partir de las 18,00 horas--.
Ambas someterán a votación el plan de viabilidad que ha elaborado la dirección, documento que ha sido modificado en varias ocasiones --ante el rechazo de algunas provinciales-- y que la CEG necesita para negociar con los bancos una refinanciación de su hipoteca que le permita evitar el concurso de acreedores.
Tal y como fue remitido a las partes la semana pasada, el plan prevé ocho despidos --de una plantilla de 20 trabajadores--, con una indemnización de 20 días y reducción de salarios que va de entre el 5 al 30%. Las dudas surgen en el apartado de la red 'Pexga', pues no está cerrado que en 2017 se vaya a renovar el programa, y de él dependen varios empleados.
Lugo ve este texto todavía "insuficiente", pero, según fuentes consultadas por Europa Press, esta confederación "no a va a ser obstáculo" para que la patronal saque adelante la necesaria "reestructuración de sus costes".
Por su parte, Ourense estudia aún que postura adoptará, y subraya que el plan debería contemplar "todo lo que está pendiente", y que Antonio Dieter Moure, en el cargo desde enero, "todavía no ha hecho en seis meses de mandato".
Dejando a un lado A Coruña, que junto a las organizaciones sectoriales fue la principal valedora de Moure en las pasadas elecciones por la presidencia de la CEG, Pontevedra coincide en que "urge un plan de viabilidad solvente", pero concentra sus críticas al plan de viabilidad en la "falta de definición de un proyecto de futuro como la red Pexga".
"CONSERVAR, PERO MEJORAR 'PEXGA"
De hecho, su presidente, Jorge Cebreiros, en declaraciones a Europa Press, ha opinado que este es un proyecto que "hay que conservarlo, pero hay que mejorarlo".
Así, observa, examinado el plan, una "incongruencia de modelo", ya que, según reflexiona, si se cuenta con los ingresos derivados de este programa para los próximos cuatro años, habrá que mantener a los trabajadores asociados a su desarrollo, y, a la inversa, si se les despide, no se podrán computar esas entradas de dinero.
Con todo, Cebreiros puntualiza que el plan de viabilidad "no tiene por qué aprobarlo la asamblea", y añade que, a su juicio, sería bueno que pudiese ser cambiado "sobre la marcha", para mejorar sus resultados.
