Actualizado 05/02/2015 19:53

Fiscalía y acusación cargan contra Fernández Castiñeiras

Fotos Castdice (Últi
EUROPA PRESS/REMITIDO

El exelectricista ha intervenido menos de 7 minutos en el proceso, que ha puesto de manifiesto la falta de control económico de la Catedral

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Después de 11 jornadas y de analizar decenas de testimonios, cinco periciales y numerosas pruebas en video y audio, este jueves se ha puesto punto final al juicio por el robo del Códice Calixtino en una sesión en la que Fiscalía y acusación particular han cargado las tintas contra José Manuel Fernández Castiñeiras y han abierto la puerta a la posible exculpación de su mujer e hijo, aunque manteniendo su petición inicial de penas.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago ha puesto así final a un juicio que se ha celebrado más de tres años y medio después de la sustracción del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago y cuando se cumplen dos años de la excarcelación del principal acusado, que fue detenido en julio de 2012.

A pesar de que en un inicio habían sido citados a declarar más de 60 testigos, la defensa, que ha dirigido la letrada Carmen Ventoso, ha renunciado finalmente a varios de ellos, principalmente integrantes del Cabildo, clérigos o personal de confianza de la Catedral. Entre los testigos de parte, por el contrario, ha otorgado un mayor peso a aquellos que han dado cuenta de la vida laboral tanto de Castiñeiras como de su mujer, en un intento por probar que los 1,7 millones de euros en metálico localizados en su domicilio provenían de su trabajo.

A estos testimonios se han sumado pruebas periciales sobre el Códice, los "desajustes" de la Catedral, la economía de la familia de Fernández Castiñeiras y el estado mental de principal acusado, así como pruebas documentales entre las que se han reproducido 45 vídeos en los que se puede ver al exelectricista entrando en el despacho de la administración de la Catedral entre mediados de 2010 y mediados de 2012 y sustrayendo dinero y documentos.

Sin embargo, uno de los puntos en los que este macroproceso se ha quedado escaso ha sido en la versión del principal acusado, que ha guardado silencio casi desde su detención. Castiñeiras ha intervenido en todo el proceso menos de siete minutos y sólo para responder a "algunas" preguntas de su abogada. Su mujer e hijo sí han respondido a todas las partes.

DESAJUSTES EN LA CATEDRAL

A pesar de que el elemento central del juicio era el robo del Códice Calixtino del archivo de la Catedral, en las sesiones se ha prestado especial atención a la cuestión económica y diferentes declaraciones han permitido evidenciar los "desajustes" que durante años se registraron en las cuentas de la Catedral.

La declaración de integrantes de la administración catedralicia, principalmente del exadministrador Manuel Iglesias, han puesto de manifiesto que la Catedral detectó importantes desajustes entre sus ingresos por lo menos desde 2003.

Sin embargo, los integrantes de la administración decidieron no comunicar estos datos ni siquiera al Cabildo para no "generar alarma" y apostaron por tratar de identificar por sí mismos a la persona que sustraía fondos.

El proceso, no obstante, no tuvo ningún avance hasta el año 2010, cuando Manuel Iglesias decidió instalar una cámara en su despacho para tratar de dar con el culpable. En parte, esta pasividad estuvo motivada por el convencimiento de que no podía haber un desfase porque sólo él tenía las llaves y porque la cantidad de dinero ingresada le resultaba muy elevada, tal y como reconoció el canónigo Daniel Lorenzo.

Una cámara de seguridad oculta, cuyas imágenes no fueron nunca visionadas por la Catedral pero que grabó en numerosas ocasiones al principal acusado, fue la única medida que tomó la basílica compostelana contra una actuación delictiva que, según el escrito de acusación de su representante legal, le reportó unas pérdidas que superan los 2,4 millones de euros.

Tanto la Fiscalía como la defensa de los acusados, ante sus declaraciones, han sido especialmente críticas con el hecho de que, ni siquiera tras la denuncia por el robo del Códice Calixtino, los integrantes de la administración comunicasen estos "desajustes". La sustracción de dinero no se denunció hasta que, en julio de 2012, grandes cantidades de fondos en efectivo fueron localizados en la vivienda de Fernández Castiñeiras, un hombre muy religioso y de confianza de la basílica, para la que había trabajado como electricista durante más de 20 años.

NULIDADES

La defensa de los tres acusados ha aprovechado sus distintas intervenciones en las sesiones, desde las cuestiones previas hasta las conclusiones, para pedir que todo el proceso sea declarado "nulo", dado que considera que el procedimiento del que deriva está viciado de nulidad y rechaza el modo en que fueron ejecutadas las distintas diligencias.

Para Carmen Ventoso, todo el procedimiento tiene su origen en las grabaciones registradas por micrófonos instalados en el domicilio de Fernández Castiñeiras por "personas desconocidas" un mes antes de que el juez instructor, José Antonio Vázquez Taín, ordenase su detención. Estas grabaciones, de hecho, fueron anuladas como prueba por el tribunal que juzga el caso al considerar que no estuvieron motivadas y que atentaron contra el "derecho a la intimidad".

Aunque los investigadores aseguraron que de estas grabaciones no se había derivado ninguna decisión posterior, Ventoso sostiene que es una discusión registrada en ellas la que derivó el resto de actuaciones, dado que, hasta la detención de la familia y el registro de su vivienda, no se produce ninguna otra diligencia. Por este motivo, ha pedido una nulidad de proceso que, hasta el momento, ha sido rechazada.

FISCALÍA MANTIENE SU PETICIÓN

En sus conclusiones, la Fiscalía ha mantenido la petición inicial de 15 años de prisión para el exelectricista por la sustracción del Códice Calixtino, delito que califica de robo con fuerza, así como por el robo de otros objetos y dinero durante los años 2000 y 2011, otro delito contra la intimidad y otro de blanqueo de capitales.

Mientras, en concepto de responsabilidad civil, demanda que indemnice a la Catedral compostelana en 2.4 millones de euros, una cantidad que Antonio Roma ha elevado sensiblemente en sus conclusiones con respecto a la solicitud inicial a tenor de las pruebas practicadas en juicio.

Para la mujer e hijo de Castiñeiras, el fiscal pide un año y seis de prisión y multa de 300.000 euros por el delito de blanqueo de capitales; o, alternativamente, por un delito de receptación, solicita seis meses de prisión. Esta acusación obedece a que los tres estuvieron presentes en la compra de una vivienda en A Lanzada que se pagó con 300.000 euros en metálico.

En la última sesión del juicio, el Ministerio Fiscal ha sido especialmente duro con Fernández Castiñeiras, al que ha descrito como un hombre que disfrutaba "contando billetes en la intimidad" mientras le "importaba un bledo" la situación de su familia.

No obstante, y aunque ha mantenido la petición de pena, Roma ha sido más benévolo con los otros dos acusados, de los que ha afirmado "creer" su versión de que desconocían las actividades de Castiñeiras y ha dejado en manos del tribunal determinar si son culpables o no.

LA ACUSACIÓN TAMBIÉN LO PONE EN DUDA

Durante su intervención, el abogado de la acusación particular, José Antonio Montero, también ha dejado un margen de duda a la implicación en este delito de blanqueo de la mujer y del hijo de Castiñeiras, y ha dejado la pelota de la decisión sobre el tejado del tribunal.

Para Castiñeiras, la Catedral continúa pidiendo 31 años de cárcel por los mismos delitos que la Fiscalía y para su familia siete años de prisión para cada uno por blanqueo de capitales. En cuanto al dinero reclamando, Montero ha hecho un ajuste a la baja y lo ha situado, como el fiscal, en el entorno de los 2,4 millones de euros. En las próximas semanas corresponde al tribunal dictar sentencia.