Califica de "caótica" la custodia de las pruebas y advierte de que existen "sospechas" de "intervención dolosa" en la desaparición
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) decidió archivar las diligencias informativas por la pérdida el pasado mes de octubre de 123 exámenes de opositores a la escala de arquitectos técnicos de grado medio de la Xunta debido a que no existen "elementos objetivos y personales sobre los que centrar la acción penal".
En declaraciones a Europa Press, el fiscal José R. Piñol Rodríguez, que suscribe el decreto de archivo de las diligencias, señaló que, debido a las "prácticas muy deficientes" en la custodia de los exámenes, "no se puede saber quién pudo sacar voluntaria o equivocadamente" las pruebas de los opositores. "Tal y como está estructurado el servicio, no hay ninguna posibilidad de saber quién es el responsable", aseveró.
Así, Piñol Rodríguez explicó que la Fiscalía no presentará ninguna acción judicial a raíz de que la Consellería de Presidencia le remitiese el caso para determinar si se podrían derivar responsabilidades penales. Pese a que cabe la posibilidad de que algún afectado emprenda por su cuenta acciones judiciales, el fiscal advirtió de que "sería una denuncia inviable" por la imposibilidad de determinar un responsable.
No obstante, en este caso, que provocó la dimisión del entonces director xeral da Función Pública y la destitución de dos subdirectores y una jefa de servicio de la Consellería de Presidencia, la Fiscalía del TSXG critica "la forma tan poco clara y cuidadosa" en la que se gestionaba el depósito de exámenes y llega a afirmar que el archivo de la documentación en el búnker de custodia de las pruebas "se hacía de la manera más caótica que se pueda imaginar".
Por ello, determina que "parece muy probable que se pudiera confundir alguna caja con otra", ya que carecía de etiqueta identificativa y, además, "no hay ningún plan de selección del material a destruir" que pudiese impedir que mudanzas Boquete se llevase los exámenes a la empresa de reciclaje Coregal.
FRAUDE
La Fiscalía baraja incluso tres hipótesis para este caso, entre ellas alerta de que "existen sospechas" que pueden hacer pensar en "la intervención dolosa" de alguien en la desaparición de los exámenes, aunque puntualiza que "no se puede pasar de ese dato dudoso hasta una evidencia" para proceder a una incriminación. Al respecto, Piñol Rodríguez señaló que "podría ser cualquiera", dado que "entró mucha gente" en el búnker y el servicio estaba "mal organizado".
Además, también considera que "no es descartable" que una "negligencia" hubiese provocado el envío por error de la caja con los exámenes a la empresa de reciclaje para su destrucción. E incluso apunta que "podría llegar a pensarse, aunque como mera hipótesis final, que la colocación de la caja en el búnker no se hubiera llegado a realizar".
El fiscal critica en su escrito que, pese a que la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) dispone de un servicio de seguridad, "no existe ninguna serie de reglas, protocolos o prácticas escritas" para determinar quiénes pueden acceder a los lugares o manipular documentos depositados.
A juicio de la Fiscalía, las normas para garantizar la seguridad del establecimiento "no eran seguidas con la escrupulosidad que requería", ya que comprobó que era "común" que que no se controlase a las personas que acceden al 'búnker'.
La investigación de la Fiscalía se basa en la toma de declaración a los dos auditores que previamente realizaron un informe sobre la pérdida de los exámenes; los empleados y el encargado de la empresa Segur Ibérica, responsable de la seguridad de la EGAP; la presidenta, una vocal y la secretaria del tribunal encargado del referido proceso selectivo; y un funcionario de la Dirección Xeral da Función Pública. Asimismo, analizó las imágenes de la cámara de seguridad que está instalada en el acceso al garaje de la EGAP, aunque no aportó ninguna prueba concluyente.
El archivo de las diligencias se conoce después de que la semana pasada la nueva directora xeral da Función Pública, Mar Rodríguez Fernández, anunciase que se reformará el funcionamiento de los tribunales de las oposiciones y se creará un nuevo protocolo de seguridad que incluye la creación de una cámara especial en la que se guardarán los exámenes.
