VIGO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El gobierno municipal de Vigo ha salido al paso de las críticas del sindicato UGT y de los trabajadores de la 'zona azul' (en huelga desde hace más de 100 días por varios despidos) desmarcándose de lo que ha calificado como un "conflicto laboral entre empresa y trabajadores", en el que el Ayuntamiento "no puede intervenir".
En un comunicado grabado y remitido a los medios, el concejal de Seguridad, Carlos López Font, ha proclamado que el conflicto en la empresa concesionaria de ese servicio de estacionamiento regulado (Dornier) debe resolverse "en el ámbito judicial" y "el Ayuntamiento como tal no puede intervenir".
El edil socialista, que ha sido duramente criticado por los trabajadores y por el sindicato (le han afeado su "pasividad" ante la situación de la plantilla pese a haber tenido responsabilidades en UGT), ha apuntado que los despidos fueron denunciados en el juzgado y que fueron los propios trabajadores los que pidieron aplazar los juicios (que iban a celebrarse en noviembre). "Ellos sabrán el motivo de esa petición, pero algo que ya debería estar resuelto en vía judicial, sigue pendiente", ha añadido.
Con respecto a los "incumplimientos" por parte de la empresa, López Font se ha limitado a aseverar que "serán analizados por los técnicos, que propondrán la adopción de las medidas correspondientes".
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, proclamó en un pleno el pasado mes de agosto (pocos días después de que se supiera que Dornier había despedido a 8 trabajadores, incumpliendo el pliego de la concesión) que no habría despidos ilegales en las concesionarias municipales mientras él sea alcalde.
Asimismo, pocos días más tarde, anunció la apertura de un expediente sancionador a la empresa y señaló que el gobierno municipal iría "hasta el final" ante la concesionaria por sus incumplimientos, y llegó a apuntar que no descartaba "nada", en alusión a una posible rescisión del contrato.
No obstante, tras 104 días de huelga y 25 de encierro en las oficinas viguesas de Dornier, los trabajadores se han cansado de esperar por una solución, y han anunciado que aumentarán las presiones y las protestas por la "falta de voluntad" del alcalde y su gobierno para poner fin a un conflicto en una empresa que, al fin y al cabo, está contratada por el Ayuntamiento.
