SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno central y la Xunta retomaron esta mañana las conversaciones sobre la Ley de Cajas gallega con una reunión técnica, que dará paso a un encuentro de los responsables políticos por la tarde. Así lo explicó la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, que afirmó que afronta la negociación con "las mejores expectativas" de lograr un acuerdo que conduzca a que el Ejecutivo central retire el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional.
Fernández Currás, que participó en un acto de presentación de la factura electrónica, dijo a los medios que confía en llegar a un acuerdo con el Gobierno central "porque las reuniones de ayer --una sobre el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y otra sobre la Ley de Cajas-- fueron muy productivas y muy de acercamiento de las posturas". "Es algo que sospechábamos porque algunas de las acusaciones hechas en el dictamen del Consejo de Estado sugerían una lectura un poco rápida del texto del Parlamento", expuso.
La voluntad del Ejecutivo central, aseguró la titular de Facenda, es "clara y manifiesta de intentar llegar a un acuerdo" y, con ese fin, comenzó a las 9.00 horas una reunión de carácter técnico, tras la que está previsto otro encuentro a las 18.30 horas, en el Ministerio de Política Territorial, "ya para acordar una redacción concreta y lograr un acuerdo interpretativo o un desarrollo reglamentario".
Esas tres, explicó la conselleira, son las posibilidades que pueden derivar de la comisión bilateral Xunta-Estado, pues puede que se recurra a un cambio de la redacción en algunos puntos o puede que se pacte un desarrollo de la norma e incluso que se llegue a un acuerdo sobre la interpretación que cabe hacer de la misma. "Creemos que todas estas posibilidades se pueden utilizar teniendo en cuenta el contenido que ayer desarrollamos", indicó.
Es precisamente la necesidad de hacer cambios en la ley gallega, aprobada por el Parlamento con el apoyo de PPdeG y BNG, el aspecto que "hoy se concretará". "Hay que tener en cuenta que no se trata únicamente de la literalidad de la ley; la constitucionalidad se interpreta de la mano de las sentencias del Tribunal Constitucional", argumentó y se apoyó en que algunos de los puntos impugnados "ya fueron analizados constitucionalmente". Con estas posibilidades, concluyó, seguirán "hablando y jugando para obtener la mejor solución".
