Guerra dice que es el liquidador quien da autorización para que El Consorcio se haga con plantas de Alfageme

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ha replicado a Promalar que la Xunta "nunca dijo que fuese propietaria de nada" en la conservera Alfageme y ha afirmado que la empresa se encuentra en concurso de acreedores para su liquidación y es el liquidador quien "da la autorización" para que la cántabra El Consorcio se haga con dos plantas de la compañía.

Guerra ha respondido de este modo al aviso realizado este jueves por parte de la inmobiliaria Promalar, que ha advertido de que sigue siendo propietaria de la conservera Bernardo Alfageme y de "todos sus activos", y que la Xunta no tiene "en ningún caso" derecho de propiedad legal para realizar alguna transmisión patrimonial, ante el anuncio de que El Consorcio adquiriría dos plantas de la empresa (en Vilaxoán y Ribadumia) y reanudaría la actividad --con apoyo financiero del Igape--.

El titular de Economía e Industria ha expuesto que Promalar "sabe muy bien que el proceso está en un juzgado" y se ha referido a los administradores que éste ha nombrado para administrar la empresa mientras permanece en concurso de acreedores y con la intención, en este caso, de proceder a su liquidación. "La empresa iba a la liquidación e intentamos salvar la mayor cantidad de puestos de trabajo", ha afirmado.

A Promalar, ha continuado el conselleiro, se le dio "la oportunidad" por parte de la Xunta de buscar soluciones. "Se hizo un plan y no se aceptó y dijeron --los responsables de Promalar-- que preferían llevar la empresa a la liquidación", ha reprochado, para luego recordar que la conservera recibió ayudas públicas por más de 30 millones de euros en la pasada legislatura. "La situación no es que vayamos a vender la compañía", ha insistido, pues la autorización la da el liquidador.

La solución pasa por un apoyo de la Xunta a "un nuevo proyecto empresarial", ha defendido. "Nunca hablamos de vender porque no somos los propietarios; eso está en manos de un juez", ha reiterado para proclamar que la "obligación" del Gobierno gallego es "salvar sus intereses" --en alusión a los fondos inyectados en la conservera-- y los de los 150 trabajadores que mantendrán sus puestos en las plantas de Vilaxoán y Ribadumia.

Además, ha aclarado que el proceso respecto a las instalaciones de Vigo va por separado y esta operación no afecta a las mismas. "Hemos hecho todo lo posible y estamos en el buen camino para la solución", ha afirmado Guerra.