Ve "excesiva" la judicialización de la vida política y discrepa de quien "exige dimisiones por imputación" porque eso "no es condenar"
OURENSE, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
"Me desagrada notablemente que me recusen por cuestionar mi imparcialidad", ha firmado el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense, Antonio Piña, sobre la recusación presentada contra él por una edil imputada en una de sus causas.
El decano de los jueces de Ourense y secretario de la Asociación Profesional de la Magistratura ha hecho estas manifestaciones en una entrevista concedida a la Radio Galega, recogida por Europa Press.
La edil de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, ha presentado un escrito de recusación en cuanto el juez dio a conocer su auto de imputación y calendario de declaraciones para los nueve políticos integrantes de una Junta de Gobierno de 2008, tres empresarios y un funcionario, en relación a la denuncia presentada por el PP sobre la adjudicación de obras en la calle Bedoya.
Al respecto, el juez ha criticado esa recusación por estar "destinada a la opinión pública". "No creo que tenga mucho curso, pero me desagradó notablemente porque cuestiona mi imparcialidad, algo que debe ser fundamental en un juez", ha sostenido y añadió que está pendiente de resolución por la Audiencia Provincial y que nunca pensó que podría ser recusado "por opiniones en una red social vertidas en los años 2011 y 2012, sin haber hecho nada aún en este caso".
"NINGÚN INTERÉS"
En respuesta a varias preguntas sobre esa recusación, Piña detalló que si la amistad con el integrante número 21 de la lista de Democracia Ourensana "pudiese influir" en el procedimiento abierto por ese partido contra varios políticos, él no lo llevaría porque no tiene "ningún interés" en ese tipo de causas "que sólo dan problemas y disgustos". Entre estos inconvenientes, detalló el verse en un periódico "con fotos privadas" obtenidas de la red social.
"Desde ese punto de vista es doloroso un proceso así, pero esa amistad de la que se habla es con el número 21 de un partido que es denunciante, como podría ser cualquiera, pero no es parte, y yo tengo que investigar los hechos denunciados, y si en alguna resolución en éste u otros casos, se me tacha de parcial pues para eso está la recusación, pero en éste aún no hice nada y lo último que yo esperaba en la vida, es que me recusasen por una opinión de 2011 y 2012 en una red social", ha expuesto.
También se refirió a los imputados del grupo de gobierno de Ourense: "Conozco a la mayor parte y con algunos tengo afinidad, no amistad, pero hago perfectamente mi trabajo". Además, añadió que ante éste u otros casos "hay que hacerlo con honestidad, afecte a políticos o a particulares".
En ese sentido, detalló que en su trabajo nunca se le tachó de "parcial", aunque cree que los jueces deben ser "criticados y juzgados por sus resoluciones, pero si éstas son imparciales, se trabaja perfectamente porque hay una línea que separa ideología o posicionamiento personal y ámbito profesional y está en el respeto absoluto a la Ley y a las partes implicadas"
"EXCESIVA" JUDICIALIZACIÓN
Asimismo, Piña se refirió a la situación de Ourense para explicar que hace cuatro años no llegaba al juzgado ningún caso de corrupción "y ahora hay muchas denuncias de todos los partidos, entre ellos, en una dinámica que trae el juzgado cosas que antes no llegaban".
En ese sentido, ha comentado que hay una "excesiva" judicialización de la vida política y ha dicho discrepar de los que "exigen dimisiones demasiado pronto, por una imputación" porque "imputar no es condenar".
Los procedimientos como los abiertos por él, según ha afirmado, son para investigar los hechos denunciados "pero no quiere decir que sean culpables, pues eso habrá que verlo en el curso del procedimiento". No obstante, añadió que los problemas políticos y la continuación o no en el cargo "son totalmente ajenos al poder judicial, y muchas veces se imputa porque hay apariencia delictiva pero no siempre que se imputa se puede exigir dimisión".
En ese sentido, manifestó oponerse al último proyecto de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, impulsado por el Ministerio de Justicia, que pretendía que el juez determinase si un político debía seguir en política o no según la imputación que tuviese. "Muchas veces se imputa porque la ley conduce a eso, para que una persona declare con abogados, pero luego los indicios iniciales desaparecen en el procedimiento y no se imputa a esa persona, así que es delicado hacer dimitir a alguien por una imputación pues afecta a la vida privada de esa persona", ha explicado.
CAMBIOS
El juez Antonio Piña ha considerado ver necesarios "cambios en el sistema procesal y en los procedimientos de imputación", pues en temas de corrupción, el procedimiento "es muchísimo más lento de lo normal" porque se usan medios que no dependen sólo del juzgado, sino de cuerpos policiales y que requieren procesos largos.
Al respecto, relató, como ejemplo, que la simple apertura de correos "puede requerir comisiones rogatorias a otros países que precisan hasta nueve meses de tramitación, por ejemplo".
También abogó por cuerpos policiales para estas cuestiones "más numerosos y mejor preparados técnicamente" para evitar que la apertura de un correo, por ejemplo, tarde un año porque hay que llevar el ordenador a Madrid, donde hay cola, según ha recalcado, con temas más urgentes.
Con ambos ejemplos se refirió a la causa abierta por el servicio de atención domiciliaria del Ayuntamiento de Ourense, que cuenta con más de media docena de personas imputadas, entre ellas la concejala de Benestar Social Margarita Martín, dos empresarios y varias funcionarias.
