A juicio un guardia civil acusado de revelar secretos y no informar del paradero de un preso fugado en Ourense

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense juzgará este miércoles, día 26 de noviembre, a las 10.00 horas, a un guardia civil acusado de revelación de secretos y de no informar del paradero de un preso fugado en Ourense. La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

   Según el escrito de acusación, el 16 de marzo de 2021 el preso disfrutaba de un permiso penitenciario, ya que cumplía condena en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar. Durante dicho permiso incumplió la obligación de acudir a la entidad Acogida Remar Allariz dependiente de Instituciones Penitenciarias, y no se reincorporó al centro penitenciario.

   Posteriormente, el 19 de marzo, a las 16.20 horas, el acusado accedió sin autorización y utilizando su Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) a la base de datos de la Dirección General de la Guardia Civil para consultar información sobre el preso fugado.

   Allí comprobó que figuraba como no reingresado y que se había activado su búsqueda. Pese a conocer el paradero de él, el agente no comunicó esta información a sus superiores.

   La Fiscalía sostiene que el acusado también mantuvo conversaciones telefónicas los días 20 y 22 de marzo de 2021 con la ex pareja del preso y con quien éste tenía una orden de alejamiento y prohibición de comunicación.

   Durante esas llamadas, el acusado admitió haber accedido a la base de datos policial para conocer la situación del fugado. A su vez, la mujer le informó de que había mantenido contacto con el preso, vulnerando este la prohibición de comunicarse con ella. El agente, sostiene el Ministerio público, aun sabiendo de este incumplimiento, tampoco informó a sus superiores.

   Por todo esto, Fiscalía le acusa de un de un delito de revelación de secretos, por lo que pide una pena de cuatro años de cárcel y ocho años de inhabilitación de empleo y cargo público, y de dos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, por los que pide una pena de tres años de inhabilitación para empleo o cargo público.