El juzgado rechaza incorporar a Fomento como demandado en el proceso contra Audasa por "cobro abusivo" de peaje en Rande

Publicado 18/07/2019 13:55:09CET
Vista de la Ría de Vigo con el Puente de Rande al fondo
Vista de la Ría de Vigo con el Puente de Rande al fondoEUROPA PRESS - Archivo

   PONTEVEDRA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha desestimado la solicitud de Audasa, concesionaria de la AP-9, para incorporar como parte demandada al Ministerio de Fomento en el procedimiento abierto por "cobro abusivo" de peajes durante las obras del puente de Rande.

   El juzgado admitió a trámite el pasado mes de diciembre una denucia de la Fiscalía contra la empresa por cobrar los peajes íntegros durante las obras de ampliación de la autopista en el entorno del puente de Rande, entre febrero de 2015 y junio de 2018, a pesar de las "retenciones" y "retrasos" generados.

   Con posterioridad, Audasa exigió el llamamiento al proceso de la entidad pública, al considerar que se vería "directamente afectada por una eventual sentencia estimatoria de las pretensiones de la Fiscalía", algo que ha sido rechazado.

   El juez instructor subraya en el auto que el caso iniciado es "totalmente independiente de las condiciones de la concesión administrativa de la autopista, del sistema legal de fijación de peajes o de las potestades administrativas del Ministerio de Fomento", pues de lo que se trata es "de evaluar la oportunidad de cobrar a los usuarios de la AP-9 la totalidad del peaje legalmente fijado, a pesar de que, debido a unas obras, supuestamente no se les estaban prestando los servicios propios de una autopista".

   "Se trata, simplemente, de la relación comercial entre la concesionaria, Audasa, y sus clientes, en la que el Ministerio no tiene más interés que el abstracto que pueda tener cualquier autoridad en que los servicios públicos funcionen correctamente", afirma el magistrado.

   Así, considera que la actividad de explotación de la AP-9 que realiza Audasa es "de carácter meramente comercial", por lo que las relaciones que establece con sus usuarios son "de carácter estrictamente privado", sin intervención de Fomento.

   Por ello, concluye que "cualquier proceso en el que se discuta sobre los avatares de esas relaciones está perfectamente constituido con la sola intervención de Audasa y los usuarios o las entidades que puedan actuar defendiendo sus derechos".

   Además, el juez indica en el auto que la pretensión de la concesionaria también debe ser rechazada "por una cuestión esencialmente procesal", ya que Audasa "no ha sido capaz de mencionar en un escrito de 17 páginas qué norma la habilita para instar la intervención provocada de un tercero en el proceso".

DEMANDA DE LA FISCALÍA

   El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra admitió a trámite en diciembre la demanda de juicio ordinario presentada por la Fiscalía contra Audasa por supuesto cobro "abusivo" de peajes entre 2015 y 2018, cuando se mantuvieron las tarifas establecidas a pesar de que las obras del puente de Rande, en la provincia de Pontevedra, provocaron "retenciones" y "retrasos".

   La demanda de la Fiscalía se realizó en ejercicio de la acción colectiva de cesación, en defensa de los consumidores y usuarios, por las prácticas "abusivas" de la empresa y plantea la restitución de las cantidades cobradas y de indemnización de daños y perjuicios.

   El Ministerio fiscal señala que se cobraron los peajes íntegros durante "por lo menos los tres años, entre febrero de 2015 y junio de 2018" en los que duraron las obras de la autopista en el entorno del puente de Rande, por el que transcurre la AP-9.

   La Fiscalía precisa que en ese período se ejecutaron las obras en el tramo de la AP-9 en los enlaces de Cangas y Teis, incluido el puente de Rande, entre los puntos kilométricos 145,180 y 151,080.

   Las obras afectaron "de forma relevante y constante a la fluidez del tráfico en la autopista", debido a que establecieron "de forma permanente" reducciones "tanto del número de carriles como de los límites de velocidad", además de realizar "sucesivas actividades propias de las obras", que provocaron "constantes retenciones y retrasos para los usuarios, además de disminuir las condiciones de seguridad de la vía".

   Sin embargo, pese a esto, el Ministerio Fiscal señala que "la entidad concesionaria de la autopista mantuvo invariable el cobro de las tarifas de peaje", por lo tanto, "exigiendo a los conductores el mismo precio que si la vía estuviese en perfectas condiciones" e, "incluso, aplicando las subidas de las tarifas".

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