La legalización de los edificios de la Plaza de San Antonio, en Ourense, ahorra al Ayuntamiento 40 millones en indemnizaciones

OURENSE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense, la socialista Áurea Soto, afirmó hoy que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que decreta que no se ejecute la orden de derribo de los edificios de la Plaza de San Antonio evita "hipotecar el futuro de la ciudad de Ourense", ya que permitirá "no pagar 40 millones de euros en indemnizaciones".

Aurea Soto compareció en rueda de prensa para mostrar su satisfacción tras la sentencia del Alto tribunal gallego sobre la Plaza de San Antonio, situada en el centro de la ciudad de Ourense, que deja sin efecto la orden de demoler todo lo construido, tanto edificios como el párking.

Al respecto, recordó que el anterior Gobierno de Ourense, del PP, solicitó la inejecución de la sentencia y la respuesta del Alto tribunal gallego fue ordenar la demolición por segunda vez.

Áurea Soto señaló que el actual gobierno municipal se encontró con esta situación y decidió solicitar una segunda inejecución "bien defendida técnica y jurídicamente" y finalmente el TSXG "decidió no demoler" la Plaza de San Antonio.

EN ESTADO DE SHOCK

En su intervención, manifestó que, "si el TSXG se hubiera pronunciado por tercera vez por ordenar el derribo", los ciudadanos de Ourense tendrían que sacar "40 millones de euros para indemnizar las licencias concedidas". "Estaríamos en estado de shock", confesó.

"No sé cómo resolveríamos esto", ya que "habría que desalojar a todo el mundo, indemnizar y pedir un crédito", aseveró y advirtió de que con ello "se hipotecaría el futuro" de la ciudad de Ourense. Al fallar el Alto tribunal gallego a favor del Ayuntamiento de Ourense se reducen las indemnizaciones de 40 millones a 358.000 euros, compensación económica en concepto de responsabilidad patrimonial.

La concejal de Urbanismo señaló que al llegar a la alcaldía este gobierno municipal, conformado por una alianza entre socialistas y nacionalistas, se encontraron con "problemas jurídicos de enorme envergadura" y criticó los "errores y falta de defensa de asuntos jurídicos" del anterior gobierno del PP. No obstante, reconoció que todavía hay "problemas jurídicos muy graves" que aborda el actual bipartito municipal.