A CORUÑA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El pleno municipal de A Coruña aprobó esta mañana, con el voto en contra del PP, la propuesta de la alcaldía de encomendar a la Comisión Informativa de Honras y Distinciones la elaboración de un dictamen para la aplicación de la Ley sobre la eliminación de símbolos de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Los tres grupos municipales presentarán sus propuestas sobre los expertos que deben conformar esta comisión, que finalmente elegirá el alcalde. En ella se propondrán las medidas concretas a adoptar para eliminar la simbología que se someterán a aprobación en pleno, y la elaboración de informes con voz pero sin voto.
El responsable del área de Educación, Carlos González-Garcés, explicó que la propuesta se centra en el desarrollo del artículo 15 relativo a la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la Guerra Civil o la represión franquista, por lo que deseó "consenso y la búsqueda de asesores sin condicionamiento previo para dar derecho a los ciudadanos y que los símbolos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento".
Además González-Garcés consideró que el Ayuntamiento herculino "se adelantó" a la Ley de Memoria Histórica al poner nombres de calles de represaliados como Casares Quiroga, Castelao, Manuel Azaña o Alexandre Bóveda; el nombramiento de hija predilecta a María Casares; la creación de la Fundación Luis Seoane; la publicación de libros sobre los represaliados; o la colocación de monumentos.
Por su parte, el portavoz del BNG de A Coruña, Henrique Tello, afirmó que dicha aprobación "no es sólo un paso administrativo", sino el inicio de un procedimiento "para ubicar la historia y sus protagonistas" y "restaurar la memoria y la dignidad". "No es buena, ni mala, sino justa", sentenció.
El nacionalista consideró "hiriente" que estén homenajeados con estatuas y calles "los que desarrollaron un exterminio contra los débiles" y, especialmente, en Galicia y A Coruña, que "no fueron un caso aislado, pero sí especialmente representativo".
En representación del PP, el concejal Juan de Dios Ruano señaló la necesidad de aprobar dos enmiendas, una relativa a la supresión de un párrafo en el que el alcalde, Javier Losada, extiende la Dictadura desde 1936 hasta 1977; y una segunda en la que los 'populares' solicitan que sea la propia comisión la que nombre a los expertos, y no el alcalde. Ambas fueron rechazadas, lo que motivó el voto en contra del PP.
En este sentido, Ruano consideró que el párrafo en el que Losada extiende la Dictadura desde 1936 hasta 1977 es una "declaración espúrea" pues desde 1936 hasta 1939 gobernaba Manuel Azaña y en 1977 gobernaba el Rey, "ambos democráticos". "Es una aberración histórica, política e institucional de extrema gravedad", apuntó.
Ante estas declaraciones, González-Garcés se mostró "anonadado" porque el PP "plantea aspectos que pueden parecer formales pero tienen un sustrato tremendo". "No sé cómo calificar que se cuestione que la Dictadura empezó en el 36 cuando aquí se cambio al alcalde elegido democráticamente por otro que llegó con una pistola. Una duda igual de perversa que la de 1977", añadió.
Por su parte, Tello acusó al PP de estar "del lado de los verdugos". Ante lo que Ruano aseguró que en el Ayuntamiento herculino "algo huele a podrido, además del agua" y que el alcalde está "coartando" la libertad de la comisión al elegir al comité de expertos de la misma.
IMPUESTOS MUNICIPALES
Por otro lado, el pleno aprobó, con la oposición del PP, la modificación de las ordenanzas fiscales para 2009, así como los precios públicos. La concejala de Hacienda, Carmen Marón, recordó que los tributos contarán con una subida de alrededor del tres por ciento, dos puntos por debajo de la previsión del IPC.
Ante esto, el concejal del PP, Roberto Coira, señaló que el ministro de Economía, Pedro Solbes, situó el IPC en un 3,5 por ciento, por lo que "la subida de precios no se sitúa tan por debajo de él"; y consideró que debería congelarse la subida de impuestos "para relajar la presión fiscal que el ayuntamiento ejerce sobre los ciudadanos desde hace años".
Una congelación a la que se opuso el portavoz del BNG al considerar que eso sería "una medida fascista que favorece a los que el PP quiere favorecer"; y señaló que "lo objetivo es que los precios suben por debajo del IPC".
En el pleno, que se prolongó durante más de tres horas, se abordó además un personamiento del Ayuntamiento para la reforma del PGOM en el área del Agra del Orzán, al que el PP se opuso por considerar que el proyecto "es un despropósito en una zona de saturación urbanística".
Del mismo modo, también se trató la modificación el PGOM para la creación de un área residencial en Elviña, que el PP rechazó porque "va a ser rechazada por la Xunta porque está mal hecho el procedimiento. Por último el pleno municipal aprobó, con la abstención del PP, la ordenanza municipal del Servicio de Atención a la Infancia.
El pleno dio, asimismo, el visto bueno por unanimidad a una moción de apoyo a la FEMP para el proceso de negociación de un nuevo modelo de financiación local en el que se introduzca el número de entidades singulares de población, extensión del territorio y envejecimiento poblacional; y rechazó dos presentadas por el PP en las que se solicitaba el reconocimiento público del 50 aniversario de la muerte de Alfonso Molina,y un plan de mejora de accesibilidad con la colocación e ascensores en edificios de más de diez años.