SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento gallego ha aprobado este martes, con los votos a favor del PPdeG y PSdeG –-el BNG se abstuvo, con AGE y Grupo Mixto en contra--, la ley de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o de especial interés, por vía de lectura única y urgente, una norma que permitirá dar una solución a la situación urbanística de Vigo para inversiones clave tras la anulación de su PGOM por parte del Tribunal Supremo.
El Consello de la Xunta dio luz verde hace unos días al proyecto de esta ley, un texto que ha sido modificado este martes por los populares, tras presentar una enmienda a la totalidad, con el fin de introducir cuestiones como que los ayuntamientos sometan los proyectos a un plazo de información pública de 20 días y para que entre en vigor el 20 de marzo.
Ésta ha sido una de las cuestiones de las que se han valido los grupos de BNG, AGE y Grupo Mixto para tachar de “chapuza” el texto, en el que ven falta de garantías jurídicas y de participación, tras haber sido hecha “sin rigor técnico”, en un “cúmulo de despropósitos e improvisaciones” que dado lugar al “caos”.
“¿Cómo es posible que un texto del Gobierno no se incluyese la información pública?”, ha clamado Antón Sánchez (AGE) sobre la redacción original ahora enmendada por el PP. Sobre este extremo, la diputada del BNG Ana Pontón ha reprochado que el PP “corrige” el texto del Ejecutivo gallego por una “falta de rigor” de la ley.
En contraposición, Jaime Castiñeira (PPdeG) ha apuntado que “parece que el PP no tiene derecho a presentar enmiendas”, y ha justificado que en un trámite de lectura única solo con que haya que “introducir una pequeña modificación” hay que recurrir a una enmienda a la totalidad.
BEATRIZ MATO GARANTIZA LA SEGURIDAD JURÍDICA
Antes de producirse el debate sobre el propio texto se ha realizado una votación acerca de la pertinencia de la propuesta de lectura única de la ley, que se ha encontrado con los votos favorables de PPdeG y PSdeG, pero con el rechazo AGE, BNG y Grupo Mixto.
Así, la conselleira de Medio Ambiente e de Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, ha defendido el procedimiento de lectura única y de urgencia de esta ley, porque “el tiempo corre en contra”, al que se han visto “abocados” por “la irresponsabilidad” de “unas minorías” durante la tramitación de la recientemente aprobada ley del suelo, que “no permitieron debatir” una modificación para proyectos clave de Vigo.
En su intervención, ha asegurado que esta ley respeta “todas la garantías del procedimiento” y aporta la “seguridad jurídica necesaria”, pues se habla de “agilizar trámites, pero en ningún caso se prescinde de ningún trámite”. Además, “se persigue el interés general de todos los gallegos”, ya que sirve “no solo para el Ayuntamiento de Vigo”, sino para todos los municipios.
A renglón seguido, Mato ha garantizado que “no es un texto improvisado”, sino que se podrá usar para “salvaguardar todos los proyectos que sean liderados por una administración pública”, “con un beneficio social” para las iniciativas de especial interés.
Asimismo, ha reiterado que se apuesta por el “blindaje de la autonomía municipal”, puesto que los ayuntamientos tienen la potestad de emitir un informe que puede ser desfavorable, mientras que se mantienen los informes sectoriales. “No estamos hablando de hacer atajos”, ha dejado claro Mato, quien ha vuelto a hacer la previsión de que en un plazo de entre “cuatro y seis meses” estarán desbloqueados proyectos como la ampliación de Citroën o para sacar adelante la estación intermodal de Vigo.
PSOE: “ACEPTAMOS PULPO COMO ANIMAL DE COMPAÑÍA”
Por su parte, el diputado socialista Xosé Antonio Sánchez Bugallo ha justificado el voto de su grupo a favor de la enmienda a la totalidad del PPdeG, pero ha explicado que se hace con el fin de mostrar la defensa de los intereses de los ciudadanos de Vigo, a pesar de que reconoce “carencias”. “Estamos aceptando pulpo como animal de compañía”, ha admitido.
En concreto, Sánchez Bugallo ha explicado que el voto a favor de los socialistas de esta ley es debido a la “urgencia y necesidad” para garantizar proyectos en Vigo, pues “la falta de competencia” y la “confrontación” por parte de los políticos “no es algo que deban pagar los ciudadanos”.
Con todo, ha mostrado su desaprobación en especial al “acto de maldad” que incluyen los populares en la ley respecto a las expropiaciones, en las que “tendrá condición de expropiador y beneficiario el ayuntamiento”, lo que se traduce en que “todos los recursos y reclamaciones” recaerán sobre los municipios.
Asimismo, Consuelo Martínez (Grupo Mixto) ha cargado contra que el PPdeG ejerza con este procedimiento de lectura única su mayoría absoluta parlamentaria como “un derecho a ejercer el totalitarismo”, con una “restricción en el derecho de participación de las minorías” con el objetivo de “legalizar lo ilegal”.
MODIFICACIÓN “ENCUBIERTA” DE LA LEY DEL SUELO
Un punto en el que han tenido consenso todos los grupos de la oposición es que esta nueva ley exprés para desbloquear el urbanismo de Vigo supone una modificación “encubierta” de la recientemente aprobada ley del suelo, “la más efímera en la historia de Galicia”, una visión que niega el PPdeG.
De hecho, para argumentar esta afirmación, han esgrimido que el PP incluye la enmienda de la entrada en vigor de esta norma para el 20 de marzo, puesto que la ley del suelo estará vigente desde el 19 de marzo. Es decir, tal y como han expuesto Bugallo y Pontón, si esta norma se aprobase antes de la ley del suelo quedaría anulada por un texto de igual o mayor rango.
Al respecto, Antón Sánchez (AGE) ha identificado esta norma con una “operación propagandística” de Feijóo “para intentar quedar como salvador de la ciudad de Vigo” y acusar de “irresponsables” a AGE, a la que “desgraciadamente el señor Caballero se sumó” porque “le interesaba desviar la atención” de las responsabilidades en la anulación del PGOM, mientras “se sigue con el antiviguismo” como “nivel de argumentos”.
Antón Sánchez ha vuelto a indicar que la normativa vigente de supramunicipalidad puede solucionar “en el mismo tiempo o menos” la situación en Vigo, a la vez que recrimina que la ley aprobada este martes hace que los informes no tengan que “pasar por el pleno municipal”, sino que basta con que los realicen los “servicios municipales”. También ha defendido que la labor de su grupo ha servido para que la ley quede “bastante mejorada de la que quería introducir el PP originalmente”.
Junto a esto, Ana Pontón (BNG) ha mostrado sus dudas sobre “la legalidad” de la ley, ya que “no se sometió a informe”del Consello Económico e Social (CES) ni “se escuchó la voz” de los municipios. A esto se une que “no cumple” con disposiciones de la ley de transparencia, “omitiendo” trámites de información pública. “Defectos de forma que ponen en riesgo la seguridad jurídica en el ámbito de urbanismo”, resume.
Frente a ellos, Jaime Castiñeira (PPdeG) ha vuelto a acusar a AGE de que “sigue estando en contra de los vecinos de Vigo”, y ha recriminado que “quien impidió el debate” sobre este texto “no fue el PP”, sino la oposición.
Finalmente, el popular destaca que se busca “resolver un problema” que no fue generado por el PP ni en la Xunta ni en el gobierno local con un texto que “cumple todos los requisitos legales” y que “no viene a modificar la ley del suelo”.