SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
Presidentes de centros gallegos en el resto del Estado aseguraron hoy que el borrador de la Ley de Galleguidad elaborado por el bipartito es "farragoso", puesto que convierte en "complejas cosas que no era necesario complicar", y pidieron a los partidos "voluntad" para garantizar al colectivo repartido por el territorio nacional el voto en cuestiones relacionadas con la política autonómica.
Se trata de la apuesta expresada en la Comisión de Emigración del Parlamento por parte de los responsables del centro de Salamanca, José Ignacio Paz Bouza, y de Santander, Juan José Fernández Teijeiro, quien además advirtió de la "exclusión" lingüística con la que topan en la comunidad personas de origen gallego que por haber residido fuera no dominan el idioma de Rosalía, especialmente en el ámbito académico.
Además, Fernández Teijeiro criticó el "desastre gramatical" de la nueva Ley de Galleguidad, cuyo avance les fue presentado por la Xunta en la reciente reunión de la Comisión Delegada de Comunidades Gallegas en el Exterior. A su juicio, la constante alusión a 'gallegos y gallegas' en lugar de la fórmula genérica 'gallegos' "daña la vista", ya que "una cosa es un sustantivo y otra un adjetivo". "No hay discriminación ninguna", declaró.
Asimismo, declaró que, "con todas sus buenas intenciones", el texto es "farragoso y complica cosas que no era necesario complicar", entre las que citó la "importancia" concedida al capítulo del retorno o al asociacionismo entre el colectivo afincado fuera de la comunidad.
De igual modo, consideró que la figura de nueva creación del Consello Gallego Exterior, que sustituirá al actual Consello de las Comunidades Gallegas, enmaraña aún más la situación --"pasamos de la A a la U", declaró--, ya que "trae dudas de si los centros van a tener la misma representatividad que antes o menos".
CAMBIOS INTRODUCIDOS.
Por su parte, el presidente del centro de Salamanca puso el acento en torno a quién debe afectar el término galleguidad: "Colectivamente debe ser a la colectividad", consideró, tras lo que se preguntó por el alcance que debería contener la ley "si realmente se quieren cambios importantes". "Con perdón, pero quien la hace son políticos y su visión siempre va a ser desde este punto de vista", añadió.
Con todo, reconoció que los términos que pudieron conocer en la Comisión Delegada que se celebró en Santiago de Compostela en septiembre muestran "el día y la noche" respecto a los incluidos en la normativa de 1983, "exclusivamente dirigidos a las comunidades gallegas, sin hablar nada de derechos políticos".
En este sentido, José Ignacio Paz Bouza aludió en su intervención al voto y, tras reivindicar la demanda de urnas para las colonias en el extranjero ya desde la constitución de la Autonomía, reclamó de los partidos políticos más ambición en las propuestas planteadas para el afincado en el resto del Estado.
Según él, el problema de este colectivo es que "oficialmente no es gallego", puesto que no goza de las condiciones establecidas ni en el Estatuto ni en la Ley de Galleguidad vigente. Por ello, recordó que "una de las grandes reivindicaciones" del último Consello de Comunidades Gallegas fue, precisamente, su participación en la vida política de Galicia como "gallegos de naturaleza", pese a carecer de "derechos políticos".
"RETO".
En esta línea, demandó la participación electoral de los residentes en el conjunto de España en procesos relacionados con el ámbito autonómico y, en consecuencia, la regulación de las reformas necesarias en el actual ordenamiento jurídico. "Lanzo este reto al Parlamento", declaró.
Así, recordó la existencia de gallegos que mantienen una estrecha vinculación con su tierra en materia de capital, rentas o inversiones, "pero que tienen que cotizar en un lugar diferente", de modo que los fondos que producen "se quedan en otra comunidad", al igual que sus intereses políticos y electorales.
Con todo, reconoció que se trata de una "cuestión difícil", puesto que exige resolver la ecuación de cómo combinar el voto en Galicia y en la autonomía en la que residen. "No sería lógico que lo hiciésemos en Galicia y en Castilla y León", admitió, tras lo que pidió a los grupos la apertura de un proceso de debate para estudiar "fórmulas". "Es necesario un esfuerzo grande del Parlamento que no sé si hay voluntad de plantear", aseveró.
CERCANÍA CON GALICIA.
Mientras, el presidente del Centro de Santander consideró que ante las posibilidades de votar que el acceso a la nacionalidad abre para la tercera generación de emigrantes afincados en el extranjero, es preciso subrayar que un residente en España "conoce mejor Galicia que un nieto que probablemente no haya estado nunca".
Por ello, proclamó: "Si hay que votar, votamos", si bien asumió que el proceso para regularlo es "complicado". "Claro que nos gustaría el voto, pero habría que cambiar la legislación electoral", añadió, antes de concluir con una advertencia contra el riesgo de "exclusiones".