VIGO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las protestas de un grupo de vecinos de la zona de Samil y posteriormente de la parroquia de Coruxo, obligaron hoy a la alcaldesa de Vigo, Corina Porro, a suspender la sesión ordinaria del pleno del ayuntamiento hasta en dos ocasiones, en las que tuvo que ordenar el desalojo de decenas de personas que asistían al acto con pancartas de protesta. El primero de los desalojos tuvo lugar cuando los concejales se disponían a debatir el punto 12 del orden del día, una propuesta para cambiar el nombre a la Baixada a Samil y el del complejo deportivo de esa zona por el del concejal vigués fallecido, Antonio Nieto Figueroa 'Leri'.
El concejal del Partido Galeguista, Manuel Soto, intervino para defender la propuesta y recordó la figura de 'Leri' como un político progresista, "que facilitó a miles de vigueses la práctica gratuita del deporte", pero no pudo finalizar su intervención porque fue interrumpido por los vecinos contrarios a esa iniciativa, que le increparon al grito de "traidor".
Los vecinos comenzaron a insultar a los corporativos, a quienes pidieron que respetasen la toponimia del lugar, al tiempo que recordaron que la Baixada a Samil fue un camino que, en su día, los propios vecinos tuvieron que adecentar por la falta de atención por parte del Ayuntamiento.
Ante el aumento de los gritos e insultos, la alcaldesa optó por suspender el pleno durante diez minutos, mientras que varios agentes de la Policía Local desalojaron a los vecinos que protestaban por la decisión que se tomó, finalmente, con los votos a favor de PP, Partido Galeguista y PSOE, y la abstención del BNG.
SEGUNDO DESALOJO
Sin embargo, la tensión volvió a crecer en el salón de plenos cuando se debatió una moción urgente relativa a la celebración de una prueba válida para el Campeonato del Mundo de Mountain Bike, en los montes de la parroquia viguesa de Coruxo.
Los vecinos protestan desde hace semanas ante la posibilidad de que no se pueda celebrar esa prueba y por los obstáculos puestos por el BNG, la comunidad de montes, propietaria de los terrenos por los que discurre el circuito, o la propia Dirección Xeral de Patrimonio, que advierte del riesgo que corren algunos restos arqueológicos, como un petroglifo que hay en la zona.
Los vecinos reclamaron a los partidos políticos que apoyen la prueba y acusaron a los que se oponen de usar información falsa para justificar su negativa; finalmente la demanda de los vecinos fue respaldada por todos los grupos políticos, salvo por el BNG, cuyo portavoz, Xavier Toba, reiteró la necesidad de que se cuente con la opinión de la comunidad den y que se cumpla ley que protege el patrimonio.