SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de Ley de protección general de las personas consumidoras y usuarias ha pasado este jueves su último trámite antes de su aprobación definitiva en pleno tras recibir luz verde el informe de la ponencia en el que se incorporan 26 enmiendas de los grupos de la oposición y las 27 presentadas por el PPdeG.
De esta manera, los socialistas incorporaron ocho enmiendas tal y como habían sido presentadas y pactaron otras dos y una más transaccionada con una medida propuesta por el BNG. En total, el PSdeG había presentado 68 enmiendas.
Por su parte, los nacionalistas, al margen de la consensuada con los socialistas, incluyeron en el texto un total de cuatro enmiendas con el texto original que habían presentado. Concretamente, el Bloque había registrado 63 iniciativas.
Pese al tono cordial y a que todos los grupos parlamentarios subrayaron el hecho de que hubo "debate" en la ponencia, y se pudieron discutir distintos puntos de vista, los grupos de la oposición --PsdeG y BNG-- no se mostraron satisfechos con algunos aspectos de la normativa que se mantienen, tal y como es la disposición adicional quinta, ya que "modifica" la recientemente aprobada Ley de Comercio.
MODIFICA LA LEY DE COMERCIO
"La disposición adicional quinta modifica aspectos importantes de Ley de Comercio. El PSdeG no la va a apoyar en absoluto", ha advertido el diputado socialista Juan Carlos Francisco Rivera, quien también ha criticado la "fusión" del Instituto Galego de Consumo y del Tribunal de la Competencia anunciada por el presidente autonómico, porque no va en la línea "de la defensa de los consumidores".
Por su parte, una de las cuestiones que ha criticado el parlamentario nacionalista Fernando Branco ha sido que "no se defiende el idioma", puesto que si se hace una reclamación en gallego, "no tiene el derecho a ser contestado en gallego", una medida "claramente ideológica".
En su turno, la diputada popular Cristina Romero ha considerado "normal" que los comerciantes "se quejen" ante el diseño de sanciones en el caso de incumplimientos con el usuario, pero ha defendido la necesidad de establecerlas, puesto que "si no hay multas, no cumplen".
