Patricia Iglesias lamenta que Galicia tenga una "regulación muy laxa" ante conflictos de interés en contratación pública
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSdeG defenderá en la Cámara gallega una serie de iniciativas para "continuar" con la fiscalización de los contratos de la Xunta durante la pandemia ante las "muchas irregularidades y deficiencias" apuntadas en informes del Consello de Contas publicados a mediados de 2023 y el pasado mes de marzo.
Lo ha avanzado la diputada socialista Patricia Iglesias en una rueda de prensa celebrada este viernes en el Parlamento autonómico, donde ha apelado al PP a sumarse a que Contas ahonde en sus auditorías "si la Xunta no tiene nada que ocultar".
"El Gobierno gallego debe ser ejemplar con la transparencia y el buen gobierno. Si no hay nada que esconder, no tendrá nada que temer", ha sentenciado la parlamentaria, que cree necesario continuar con la tarea fiscalizadora de los informes de Contas.
En ellos, según ha resaltado Patricia Iglesias, el órgano fiscalizador de la Administración autonómica apuntaba a que en contratos de material sanitario firmados por la Xunta durante la pandemia de covid-19 hay carencias por "falta información" o "de publicidad", "expedientes no justificados" para acudir a la vía de emergencia, "desfases de miles de euros" o "contratos verbales".
La diputada ha puesto el acento en que algunos de estos contratos, que suman "más de 20 millones de euros", fueron para empresas "vinculadas" con el "cuñado" del expresidente de la Xunta y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y con Alberto González Amador, pareja de la mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
A su juicio, demuestra un "modus operandi" de la Xunta "que siempre favorece al entorno del PP", por lo que advierte que la distribución de estos fondos a través de estos contratos podría haber incurrido en irregularidades por conflicto de interés o incumplimientos de la ley de incompatibilidades o transparencia.
Así, Iglesias ha demandado un refuerzo de la legislación autonómica sobre los conflictos de interés en la contratación pública al entender que Galicia "tiene una regulación muy laxa" en comparación con otras comunidades.
