Pueblo Gitano recurrirá la sentencia que condena a uno de los cuatro vecinos juzgados en Pontevedra por coacciones

PONTEVEDRA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pueblo Gitano de Galicia recurrirá ante la Audiencia Provincial la sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra que condena a una vecina por una falta de coacciones y la absuelve, junto a los otros tres acusados, de otra de amenazas, injurias y desórdenes públicos, por la protesta celebrada en marzo de 2008 contra el realojo de tres familias gitanas del poblado de O Bao en el barrio de Monte Porreiro.

Pese a que tres de los cuatro acusados --Ángel Mario L.S., José Manuel D.P. y Ana María D.A.-- fueron absueltos y sólo Laura N.P. fue condenada, Pueblo Gitano considera que el fallo judicial es favorable a los denunciantes, encabezados por el presidente de este colectivo, Sinaí Jiménez, dado que la sentencia demuestra que los vecinos participaron "directamente en meter miedo y presión a las familias gitanas a través de amenazas de muerte, petardos de gran potencia y consignas racistas", según indica en un comunicado.

Pueblo Gitano justifica su intención de presentar recurso de apelación para "conseguir que a estas personas", en alusión a los acusados, "no les haya salido gratis lo que hicieron a las familias gitanas, que fueron obligadas a abandonar el lugar donde querían residir". La asociación asegura que las consecuencias de esas protestas acarrearon "perjuicios muy graves" a las familias gitanas que pretendían realojarse en Monte Porreiro y que actualmente aún carecen de una vivienda estable.

SENTENCIA

La magistrada del caso explica las absoluciones dictadas en base a que "no se ha podido concretar la participación que en esos actos tuvieron cada uno de los acusados", a excepción de la vecina condenada, que admitió haber tirado un tablón de madera contra la verja del edificio ante el cual se realizó la protesta que dio lugar a la denuncia. También se constata en el fallo judicial que "no ha quedado acreditado que el comportamiento tuviera como origen la discriminación de los afectados por razón de su raza".

No obstante, la sentencia sostiene que el comportamiento vecinal "es a todas luces censurable socialmente" al dar por probados hechos como la inutilización de la cerradura del inmueble, la proclamación de consignas o el lanzamiento de petardos. La juez califica de "insolidaria" la actitud vecinal hacia los nuevos residentes y, aunque "existe comportamiento reprobable desde el punto de vista penal", añade que "no existen elementos probatorios suficientes" para condenar a los cuatro acusados.

En este sentido, concluye que "quizás por una incompleta labor policial", puesto que no se practicaron diligencias de identificación, haya falta de claridad en la atribución de los hechos.

LOS VECINOS CREEN QUE SE LES "DA LA RAZÓN"

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de Monte Porreiro y acusado en el juicio, Ángel Mario Lago, ha expresado su satisfacción por la sentencia, puesto que les "da un poco la razón", afirmó en declaraciones a Europa Press. Con respecto a la sanción impuesta a Laura Noceda, que por una falta de coacciones fue condenada a la pena de 15 días a razón de cinco euros al día, considera que "no es desmesurada".

No obstante, Lago se mostró partidario de aplicarle un eximente para no ser condenada, al considerar que se trata de una vecina "muy sensibilizada", por razones familiares, con las drogodependencias y que su reacción --por la que posteriormente fue trasladada en una ambulancia en estado de ansiedad-- fue "espontánea".

Así, explicó que una de las preocupaciones de los vecinos ante los realojos era la relación de algunos beneficiarios con el tráfico de estupefacientes y que, precisamente, una de las denunciantes está cumpliendo condena por ese motivo.

Ángel Mario Lago insistió en que las protestas vecinales "no eran contra personas gitanas por ser gitanas, sino contra el ayuntamiento de Poio y la Xunta" por haber realizado un proceso de realojos que calificó de "desaguisado".