Puy Fraga (PP) ve factible aprobar un nuevo Estatuto gallego esta legislatura y pide "como mínimo" el consenso de 1981

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz parlamentario del PPdeG Pedro Puy Fraga ha asegurado que ve factible, "si voluntad política", que Galicia tenga aprobado un nuevo Estatuto dentro de esta legislatura, ya conocidos los "límites constitucionales" que marca la sentencia sobre el texto catalán, aunque incidió en la necesidad de que esta norma cuente "como mínimo" con el consenso del Estatuto vigente, aprobado en 1981.

"En Galicia debemos ser lo suficientemente responsables para alcanzar, como mínimo, los consensos que dieron lugar, en su día al Estatuto de 1981", ha señalado Puy Fraga en una rueda de prensa celebrada en la Cámara gallega, donde denunció las "consecuencias negativas" de la falta de consenso y la "expulsión" del PP en el marco del debate de la reforma catalana.

Así las cosas, el viceportavoz popular ha apostado por no trasladar los, a su juicio, errores cometidos por los catalanes a la reforma del texto gallego y ha subrayado que, tal y como adelantó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el "regreso de las vacaciones" puede ser un momento propicio para arrancar el proceso. Con todo, ha eludido aclarar si el PP apoyará la petición del PSdeG para que se reabra la comisión para la reforma del Estatuto.

"Creemos que se puede abordar esta legislatura y para ello hay dos condiciones: conocer los límites constitucionales y constatar una voluntad política de alcanzar acuerdos", ha señalado, convencido de que el diálogo que, según anunció Feijóo, mantendrá con los líderes de PSdeG, Manuel 'Pachi' Vázquez, y BNG, Guillerme Vázquez, tras presentar en el Parlamento los presupuestos para 2011 servirá para aclarar si existe esta voluntad.

Eso sí, ha evitado aclarar por qué fórmula apostará el PPdeG para definir Galicia en el preámbulo del futuro texto, aunque sí ha destacado que éste debe ser "lo suficientemente expresivo del carácter singular" que tiene la comunidad puesto que, si dicho carácter no existiese, "no se justificaría" el acceso a la autonomía que establece la propia Constitución.

"Con que se remarque ese carácter que otorga a Galicia la capacidad para acceder al máximo autogobierno dentro de la Constitución, cualquier fórmula que esté dentro de ella y que respete ese carácter es válida", ha explicado Puy Fraga, antes de destacar que, en todo caso, se trata "de un tema menor". "Y que además queda mucho más claro con la sentencia del Estatut", apostilló.

Al respecto, Feijóo advirtió, poco después de conocerse el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, de que usar en el texto gallego "un término sin eficacia jurídica o política" como nación --como reclama el BNG-- y "llamarle así" a Galicia supone "minusvalorar" a la comunidad. "Galicia y la mayoría de los gallegos son galleguistas y no nacionalistas", destacó, antes de ratificar que la comunidad "mantendrá" su estatus de "nacionalidad histórica".

SENTENCIA "MUY BUENA"

Por otra parte, Puy Fraga ha analizado algunos aspectos de la sentencia del TC sobre el Estatut, que ha considerado "muy buena" para Galicia puesto que --alega-- "afecta para bien" a su financiación, así como a su capacidad de recibir inversiones del Estado, al tiempo que "resalta y reafirma la igualdad" entre comunidades.

Así, ha destacado que da la razón las tesis planteadas por los populares y de que sugiere un modelo "acorde" con el que el PPdeG propuso en su día para la reforma del Estatuto gallego. También ha señalado que, como "insistió" el PP en su día, la sentencia alude "continuamente" a la anterior jurisprudencia del Constitucional.

En este punto, se ha reafirmado en que el "punto mínimo de partida" para la reforma gallega debe ser que ésta se realice "en marco del respeto a la Constitución". Por ello, ha lamentado que haya un grupo gallego --en clara alusión al BNG, que ya ha manifestado su apoyo al término nación, entre otros aspectos-- que diga que la sentencia "no afectará a sus planteamientos".

En el polo opuesto, ha asegurado que su formación ve en "todas las afirmaciones que piden respeto a la Constitución y, por tanto, al TC como único órgano que la puede interpretar" una oportunidad "para llegar a acuerdos". No en vano, Puy Fraga apeló a la "responsabilidad" para lograr que la reforma salga adelante con el mismo grado, "como mínimo", de consenso que el Estatuto de 1981.

Cuando se retome el debate en Galicia, ha añadido el viceportavoz popular, será necesario "dar una vuelta" a lo que ya estaba pactado, si bien ha matizado que "en líneas generales" los acuerdos que lograron pactar los grupos en la anterior legislatura se ajustan, en su conjunto, a la sentencia.

RESPALDO A LAS TESIS DEL PP

En su análisis, Puy ha asegurado que la sentencia "interpretativa" del Constitucional sobre el Estatut "clarifica" muchos de los puntos que, en su día, se abordaron en Galicia, y respalda las tesis del PPdeG. A modo de ejemplo analizó cinco puntos, dando especial relevancia a la financiación.

Al respecto, ha señalado que la sentencia "anula" el principio de nivelación fiscal, al tiempo que "mantiene incólume" la capacidad de las Cortes para preparar los presupuestos de acuerdo con lo que el propio Parlamento español considere "más equitativo". "Esto es bueno para Galicia, que tiene un déficit en infraestructuras que debe corregir el Estado, y blindar porcentajes de inversión, iría en menoscabo de la capacidad del Estado para hacerlo", ejemplificó.

En segundo lugar, ha enfatizado que el fallo dice que los términos nación y realidad nacional referidos a Cataluña "no tienen eficacia jurídica interpretativa", lo que, a su juicio, les resta toda eficacia puesto que el preámbulo "sólo tiene eficacia interpretativa". "Si le priva de ella, lo que se deja claro es que, como nosotros dijimos en su día, en la Constitución sólo cabe una nación, entendida en el sentido técnico jurídico", sentenció.

Con respecto a la lengua propia, ha destacado que los magistrados del TC declaran inconstitucional, en la que definió como "la sentencia más proclive para la conservación del propio Estatut", el adjetivo "preferente" para el catalán, al tiempo que avisan de que, si bien se puede predicar en las administraciones "en la obligatoriedad" de atender al público "garantizando el derecho a la opción lingüística individual", este principio no se puede "imponer" en las relaciones de tipo privado. "También avala nuestros principios", incidió.

Del mismo modo, ha señalado que la sentencia reduce el blindaje de competencias propuesto en el Estatut y "excluye el trato de igual a igual" entre una comunidad y la Administración estatal.

COMPETENCIAS DE LAS CAJAS

Por último, con respeto a las competencias en las cajas de ahorro, Pedro Puy ha señalado que la sentencia determina que la ley de bases del Estado es la que fija "los criterios mínimos", frente a la pretensión del Estatut de "sacarle ese carácter de ley básico y sustituirlo por una definición de principios".

"Eso se declara inconstitucional, pero no lo que es la competencia de desarrollo legislativo de esa base del Estado", ha explicado, antes de concluir que esas bases "pueden cambiar", como ha ocurrido con el decreto ley que modifica la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca), aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, y que el viceportavoz popular analizará "cuando se publique".