El alcalde y cinco ediles citados se han acogido a su derecho a no declarar
LUGO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La secretaria del Ayuntamiento de Palas de Rei (Lugo), Celia González, ha denunciado al alcalde, el popular Pablo Taboada, y cinco concejales más, por los delitos de coacciones, acoso, prevaricación y falsedad documental. Los acusados se han acogido este lunes a su derecho a no declarar en el juzgado.
Así lo ha explicado este lunes el abogado de la acusación, Ramón Arangüena, a las puertas del juzgado de Chantada, donde fueron llamados a declarar los acusados. El letrado ha ratificado que la querella "es por varios delitos de acoso, prevaricación, coacciones y falsedad documental".
"Es una conducta reiterada de acoso a la secretaria interventora con el objeto, a nuestro criterio, de impedir sus funciones fiscalizadoras y de secretaria como corresponde", ha comentado. "Lo que defendemos es que un funcionario público con habilitación estatal, cuya función es evitar que los ayuntamientos hagan las cosas al margen de la ley, se le abran continuos expedientes todos ganados en vía contencioso administrativo, lo cual evidencia la poca razón del ayuntamiento por la apertura de este expediente", ha abundado.
La declaración de este lunes estaba prevista sobre las 10,30 horas en los juzgados de Chantada. Los citados se han acogido a su derecho a no declarar, según ha comentado Arangüena, después de que en un pleno en el mes de abril apoyasen con sus votos la destitución de la secretaria Celia González. También se encuentra imputado el exdirector xeral de Administración local, Norberto Uzal.
"Lo grave desde el punto de vista penal es que es una conducta continuada, continuamente se le abre expediente, se le suspende de funciones, se la mantiene fuera del ayuntamiento, cuando ese expediente fracasa o los tribunales lo anulan, automáticamente vuelve al ayuntamiento y se le vuelve a abrir expediente", ha dicho el letrado.
SENTENCIAS FAVORABLES
La funcionaria cuenta con seis sentencias favorables del juzgado de lo Contencioso, entre las que se encuentra la anulación de su suspensión de empleo y sueldo.
También se incoaron expedientes y sanciones por negarse a realizar prácticas que se consideraban habituales en este Ayuntamiento, como modificar asientos registrales, firmar supuestamente facturas falsas o dar el visto bueno a obras no ejecutadas, según ha señalado.
Ramón Arangüena interpreta así que "puede haber un delito continuado de coacciones, valiéndose de resoluciones que en su conjunto pueden tener índole prevaricadora".
"Al margen de ello, ya con carácter puntual, la corporación ha decidido suspenderla de funciones en una actuación ilegal, lo ha dicho una sentencia resuelta en vía administrativa. Esto es contrario a derecho", ha concluido.
