Los tiempos de tramitación centran el 37% de las reclamaciones en Galicia sobre funcionamiento de órganos judiciales

A CORUÑA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 37 por ciento de los gallegos que cursaron una reclamación en los órganos judiciales en 2006 lo hicieron por motivos relacionados con los tiempos de tramitación de sus peticiones, según lo recoge el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al que tuvo acceso Europa Press.

De hecho, las reclamaciones que tienen que ver con "disponer o no de una justicia ágil y tecnológicamente avanzada", o, lo que es lo mismo, todos aquellos factores que "inciden en los tiempos de tramitación y de respuesta", incrementaron 10 puntos a nivel nacional respecto a 2005, situándose en el 44,6% del total.

Según los datos publicados por el CGPJ, el segundo motivo de reclamación de los gallegos está relacionado con la disconformidad con las resoluciones judiciales, que supone el 21,1%, mientras que en el ámbito nacional la cifra disminuye al 12,59%.

La tercera disconformidad de la ciudadanía gallega en este ámbito se centra en una "justicia atenta con los ciudadanos, que incluyen todo lo relacionado con la oficina judicial como las instalaciones, puntualidad, u horarios" y que baja ocho puntos porcentuales respecto de 2005 en el Estado español.

Dentro de este grupo, el motivo que sigue teniendo mayor importancia es el que demanda una "atención respetuosa" de todos los factores y agentes que intervienen en los procedimientos judiciales, con el 12,1% de las reclamaciones procedentes de Galicia, que se eleva al 14,5% en el ámbito nacional.

CONEXIÓN USUARIOS-JUSTICIA

El CJPG pretende con este informe "ofrecer una puerta de conexión con los usuarios de la justicia". En este sentido, el órgano judicial indicó que "la Unidad de Atención al Ciudadano no sólo se ocupa de recibir los escritos de los ciudadanos, sino de intentar, en la medida de lo posible, solucionar los problemas que estos exponen en sus quejas".

No obstante, el CGPJ indicó que esta labor "se ve condicionada, en muchos casos, por las diversas competencias que concurren en la Administración de Justicia", además de por las iniciativas legislativas "y la acción de gobierno propia del poder ejecutivo".