Trasladan a los juzgados los primeros detenidos de la 'Operación Cóndor'

Actualizado 20/03/2015 11:50:51 CET
Vigilancia Aduanera recaba documentación en la sede del Obradoiro
EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

En la mañana de este viernes han trasladado a los juzgados de Lugo a los primeros detenidos que pasarán a disposición judicial en el marco de la 'Operación Cóndor'. En concreto, se prevé que a partir de las 12,00 horas declaren los tres detenidos en relación con la agencia de viajes InterRías.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que han precisado que también se prevé que el presidente del Grupo Monbus, Raúl López; su yerno, Rafael C.; y el responsable financiero de la compañía, Jesús U., pasen a disposición judicial en la jornada del sábado.

Por su parte, fuentes de la Agencia Tributaria han informado de que, en estos momentos, se están ultimando los registros pendientes. Por el momento, han sido intervenidos más de 1.300.000 euros en metálico, abundante documentación y equipos informáticos.

'OPERACIÓN CÓNDOR'

El presidente del Grupo Monbus, Raúl López, y otras nueve personas, incluido su yerno, fueron detenidos en el marco de una nueva investigación judicial impulsada por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, que toca una de las principales empresas gallegas, que es líder del transporte de pasajeros.

En esta instrucción, bautizada como 'Operación Cóndor', se investigan delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad, delito contable, tráfico de influencias y cohecho.

Además de Raúl López, arrestado en Lugo, entre los detenidos se encuentran el yerno del presidente del grupo empresarial Monbus, Rafael C.; y el responsable financiero de la compañía, Jesús U.; que se suman a otras siete personas --entre ellas, Gustavo F. e Isolina G.--. De los diez detenidos, cuatro fueron arrestados en Madrid y seis en Galicia.

Por su parte, los registros en el marco de la 'Operación Cóndor' han alcanzado los 28 y se han extendido por todas las provincias gallegas y fuera de la Comunidad, donde Monbus también presta servicios. Así, la operación ha incluido ocho registros en Madrid --dos en Alcalá de Henares, uno en Paracuellos del Jarama, uno en Aravaca, uno en San Cristóbal y tres en la capital madrileña--; uno en Santander; y otro más en Córdoba.

En Galicia, desde primera hora de la mañana del jueves, agentes de Vigilancia Aduanera se desplazaron a distintos puntos, uno de ellos, Sanxenxo, donde el entramado de empresas vinculadas con Raúl López tiene firmas vinculadas al sector turístico.

ACTUACIONES EN GALICIA

Concretamente, se practicaron cuatro actuaciones en Lugo, una de ellas en una entidad bancaria, además de la sede matriz de Monbus, a donde la jueza llegó a las 15,00 horas y que se ha prolongado varias horas con la incautación de numerosas cajas. Asimismo, los investigadores acudieron a Sanxenxo, donde efectuaron seis diligencias; a Pontevedra, donde realizaron una; y a O Grove, donde hicieron otra actuación más.

Al margen de un registro en Nogueira de Ramuín (Ourense) y otro en Arteixo (A Coruña), se produjeron otros dos en Santiago de Compostela, uno en el Palacio de Congreso y otro en las instalaciones del club de baloncesto Obradoiro, que se ubican en el Multiusos do Sar.

De hecho, el entramado de empresas vinculadas con Raúl López cuenta con establecimientos turísticos, incluidos hoteleros, y concesiones públicas, como el recinto de Amio --en Santiago-- y los autobuses urbanos de la capital gallega.

OBRADOIRO

Además, Raúl López es presidente del club de Baloncesto de la ciudad compostelana, el Obradoiro, un equipo cuyo nombre ya había aparecido en las conversaciones de la 'Operación Pokémon', cuando todavía era concejal de Deportes Adrián Varela --imputado en esa macrocausa que tiene a Vendex como una de las principales empresas investigadas--.

De hecho, una de las cuestiones investigadas por Pilar de Lara en la 'Pokémon' es la donación de dinero a los clubes deportivos, entre ellos, el Obradoiro, una cuestión por la que la jueza preguntó en sus interrogatorios a los imputados compostelanos, que quiso indagar si había vinculación de la participación de las empresas privadas en los equipos con la renovación de concesiones públicas.