El Tribunal de los 'Miguelianos' "va a admitir" que la acusación particular no está legitimada para acusar por blanqueo

Arranca el juicio contra 10 exmiembros de la Orden y Mandato de San Miguel Arcán
Jesús Fernández Prieto/Europa Press
Publicado 26/09/2018 16:07:54CET

   Una vez notificado, se retirará este delito de entre los que le imputa al líder, y su mujer y sus dos hijos finalmente no serán juzgados

   PONTEVEDRA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha avanzado en el inicio del juicio de la causa conocida como de los 'Miguelianos', que "va a admitir" que hay falta de legitimación de la acusación particular para acusar por blanqueo de capitales al líder del grupo, Miguel Rosendo, su mujer y sus dos hijos, con lo que no podrá mantener esta acusación contra ellos y los tres últimos finalmente no serán juzgados.

   En la primera jornada del juicio por estos hechos, en el que ha habido un gran despliegue de medios de comunicación, cada una de las partes han planteado sus cuestiones previas, entre las que se incluía una alusión de las defensas a que la acusación particular carece de legitimación para poder acusar del delito de blanqueo de capitales, y se ha recordado que en el transcurso del procedimiento se le denegó presentarse como acusación popular.

   Sobre este tema, el fiscal ha puntualizado que él no ha continuado con la acusación por blanqueo de capitales porque no hay prueba de cargo en la causa que lo permita, puesto que, ha aclarado, para poder mantener esta acusación la cantidad defraudada tiene que superar los 120.000 euros, y en este caso no llegaba a esa cantidad por una diferencia de "2.000 euros".

   Tras un receso, celebrado a última hora de la mañana, la presidenta del Tribunal ha comunicado que este tema lo "resolverá en resolución separada" (que notificará antes de iniciarse la sesión de este jueves) "informando a la acusación particular de que se va a admitir la cuestión previa planteada relativa a su falta de legitimación para acusar por blanqueo de capitales".

   En concreto, la abogada de la acusación particular solicita que Miguel Rosendo sea condenado por este delito y también por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas, contra la integridad moral, y estafa o apropiación indebida. En total pide que sea condenado por 28 delitos a una pena total de 85 años de prisión.

   Además, también mantiene la acusación por el delito de blanqueo de capitales contra la mujer de Rosendo, María del Carmen Sánchez (para la que pide cuatro años de prisión por ello), y contra sus dos hijos, Cristian y Verónica, para los que pide tres años de cárcel para cada uno. Al estar estas tres personas únicamente acusadas por la acusación particular y por este delito, una vez notificada la resolución, no serán juzgados.

ABOGADOS DE LA DEFENSA

   El abogado que defiende a Miguel Rosendo, Marcos García Montes, ha sido uno de los letrados que ha solicitado la expulsión de la acusación particular, lo que ha argumentado en que a dicha parte le "falta legitimación" para mantener las acusaciones (no solo sobre blanqueo, sino sobre todos los delitos, a su entender), porque "los únicos que pueden son las víctimas, que lo han negado".

   Asimismo, ha pedido la suspensión del juicio por una "vulneración del derecho de prueba" referente al volcado informático; así como por la nulidad del acto de procedimiento al entender que "se ha vulnerado un derecho con toda la garantía", ya que la causa, ha criticado, se inició a partir del informe elaborado por un detective a partir de una denuncia impulsada por un sacerdote.

   La letrada Beatriz Seijo, que defiende a las consagradas Iria Quiñones e Ivana Lima, se ha centrado en pedir la nulidad del procedimiento por lo que respecta a los dispositivos informáticos En su opinión, no hubo tiempo suficiente para finalizar el volcado de la información y "además hay dispositivos dañados y en parte borrados".

   Asimismo, ha considerado que sobre dos supuestas víctimas de abusos sexuales los delitos estarían prescritos; y sobre una de ellas también ha agregado que en todo caso tales delitos no serían continuados porque hubo una "ruptura temporal de dos años". Finalmente, ha remarcado que en este caso hay "vulneración de la libertad religiosa" y ha pedido que sus defendidas declaren en último lugar.

ACUSACIÓN PARTICULAR

   La abogada de la acusación particular se ha opuesto a la petición para que Ivana Lima e Iria Quiñones declaren de últimas, porque entiende que "no hay razón ni explicación para ese cambio y supondría un trato discriminatorio para el resto de procesados". Además, sobre la prueba de los ordenadores, ha considerado que ha habido "tiempo de sobra para su volcado y análisis.

   De igual manera, ha negado que haya una vulneración de derechos fundamentales, y en cuanto a las supuestas dilaciones indebidas aludidas por algunas defensas, ha apuntado que su impresión es que estos letrados "han hecho perder el tiempo a todas las partes y al tribunal presentando peticiones inútiles y de ánimo dilatorio".

OTRAS PETICIONES Y RESOLUCIONES

   Por su parte, la defensa de José Carlos A.M. ha solicitado que se permita a su patrocinado ausentarse del juicio y que o bien se acuerde la suspensión de las sesiones o que se cambie el orden de su interrogatorio, para permitirle pasar tiempo con su padre, quien se encuentra en "riesgo de muerte inminente". Esta petición ha sido admitida durante la sesión, y el hombre ha podido abandonar la sala.

   A continuación, los abogados que representan a Esteban R.M. y a Dolores E.L., para cada uno de los que la Fiscalía pide dos años de prisión provisional pero también la libertad vigilada --al considerarles tanto acusados como víctimas--, han pedido medidas para su protección como víctimas (entre ellas la celebración del juicio a puerta cerrada y comparecencia separada o con biombo).

   Tras el receso, el Tribunal ha apuntado que al mantenerse la calificación respecto a ellos como acusados y víctimas, se les aplicará la posición procesal más beneficiosa para ellos: acusados. Por ello, deben estar en la sala durante las sesiones. Además, no se han aceptado el resto de peticiones y en todo caso se decidirá al inicio de cada sesión sobre la publicidad de las sesiones.

   Finalmente, la Sala ha indicado que el volcado de material informático ya fue "admitido como prueba y no corresponde su admisión como nueva prueba", y ha comentado que el orden de intervención de los acusados es "el que marca la ley, y no hay motivación para el cambio". Tras esta sesión, el juicio se reanudará este jueves a las 10,00 horas, con la declaración de los acusados.