Asegura que no restringe los derechos de informar sobre la encuesta a los padres, ni los de reunión, asociación y libertad sindical
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acordó rechazar la suspensión cautelar de la instrucción remitida por la Consellería de Educación a los centros educativos sobre la consulta de las preferencias lingüísticas de los padres porque entiende que "no prohíbe" la libertad de expresión.
El fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, recogido por Europa Press, concluye que "no ha lugar a acordar la suspensión cautelar de la instrucción emitida al no apreciarse circunstancias de especial urgencia que lo exijan y que puedan comprometer el ejercicio de los derechos fundamentales alegados durante la realización de la consulta".
El TSXG argumenta que lo que se prohíbe en la instrucción "es todo acto que entrañe impedimento de la misma, que entorpezca, obstaculice o dificulte que la misma se lleve a cabo" pero "no el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información, de reunión, de asociación y libertad sindical" los cuales, según añade, "se pueden ejercer sin restricción derivada" de la instrucción emitida por la Consellería de Educación.
La CIG había presentado un recurso en el que argumentaba que la instrucción de Educación, en la que se recordaba a los directores de los centros que se "deberá prohibir todas las acciones o actos tanto a favor como en contra" en relación con la consulta, restringía el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión e información, reunión, asociación y libertad sindical.
La Consellería de Educación valora que el TSXG "respalda" su actuación "frente a las pretensiones de la CIG de paralizar la consulta a los padres mediante una triquiñuela legal".
Fuentes de Educación recalcaron que, según el auto, "queda claro que no hubo imposiciones ni instrucciones irregulares a los directores de los centros por parte de la consellería porque, en absoluto, vulneran derecho fundamental alguno".
INTERPRETACIONES CONTRAPUESTAS
No obstante, por su parte el sindicato nacionalista prefiere interpretar que el auto le da "la razón" en que "no se pueden prohibir actos divulgativos o reparto de información en los centros".
Así, la CIG sostiene que "impide cualquier interpretación de la instrucción dada por la consellería que coarte la libre realización de actos informativos, reuniones, difusión de opiniones diferentes y otros derechos fundamentales que trataron de ser vulnerados con la excusa de que pudieran ser un obstáculo para el desarrollo de la consulta".
En este sentido, la CIG reclama a "todo el profesorado" que "facilite información" a la comunidad educativa sobre una encuesta que la consellería, según denuncia, "quisiera hacer con oscurantismo, silenciando cualquier voz discrepante de su propaganda contra el gallego".
"SIN IMPOSICIONES" Frente a la postura sindical, la Administración educativa considera que de la decisión judicial "se desprende que la consellería no cometió ninguna irregularidad ni coartó o impidió el ejercicio de los derechos de los profesores o de los directores" como, según puntualiza, "venían denunciando" varios colectivos.
Por todo ello, Educación destaca que "la demagogia acaba de quedar al descubierto y los promotores del boicot al cuestionario enviado a los padres quedaron en evidencia por sus acusaciones infundadas contra la consellería".
Así, resalta que "no existen impedimentos" para que los padres "decidan libremente" y agradece la colaboración de la comunidad educativa "en el normal desarrollo" de la consulta a la que hasta mañana están llamadas las familias de 330.000 alumnos del sistema no universitario de Galicia.
