El BNG reitera que la trama se destapó gracias a la ex conselleira, que "removió de su puesto" al responsable y "tiró del hilo"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El conselleiro de Cultura e Turismo, Roberto Varela, aseguró hoy no haber recibido ningún tipo de información sobre la Operación Retablo de manos de su predecesora en el cargo, Ánxela Bugallo, y explicó que no puede aplicar ningún tipo de procedimiento sancionador sobre los imputados hasta que haya una sentencia firme.
Ante el pleno del Parlamento, el titular de Cultura relató, interpelado por la diputada socialista María Quintas, que no tuvo conocimiento de la citada operación hasta que el personal de su departamento descubrió, "en un cajón", un correo electrónico con fecha de 10 de octubre de 2007, en el que se ponían de manifiesto "irregularidades de un inspector de Patrimonio". Además, tuvo conocimiento de la apertura, el 19 de noviembre del mismo año, de una investigación interna ante la existencia de "indicios de prácticas incorrectas".
A mayores, reiteró que dio "instrucciones precisas" en cuanto tuvo conocimiento de los hechos, con el fin de "apartar" de los procesos de contratación y adjudicación a José Manuel Pichel, arquitecto de la S.A. de Xestión do Xacobeo. Tras aclarar este extremo, garantizó que todas las actuaciones de su departamento son "responsables y transparentes" y enfatizó su "escrupuloso respeto" por la actividad judicial. Hasta el punto de que, tal y como apuntó, la Xunta "se persona como perjudicada en el proceso".
Otro punto en el que incidió fue en la fecha de los expedientes que, desde su llegada a Cultura, fueron requeridos por las autoridades: "cuatro de 2006, cuatro de 2007 y dos de 2008". En la misma línea, y como refuerzo, recogió textualidades de la instrucción para asegurar que los implicados en la trama mostraron su "frustración" por "no poder continuar" con las irregularidades tras la llegada del PP a la Xunta. "La prueba es que el último ingreso se hizo el 20 de abril de 2009 -toma de posesión de los conselleiros-", resaltó.
Esta alusión a que la trama estuvo en marcha durante el período de gobierno de socialistas y nacionalistas, le valió las críticas de las diputadas de estos dos grupos. Por su parte, María Quintas recordó que el Xacobeo "siempre" estuvo gestionado por el PP y que las personas vinculadas con esta "trama de corrupción" son "relevantes miembros" del PP en Galicia y en España; y la parlamentaria del Bloque Carme Adán incidió en que "la trama fue destapada gracias a la anterior conselleira de Cultura".
"Tras recibir comunicaciones verbales de empresas de restauración, abrió una investigación interna para concretar los indicios y cursar una denuncia", destacó, si bien admitió que esta indagación "pudo ser más acelerada". En todo caso, la nacionalista dejó claro que "al tirar del hilo"se pudo descubrir a otros implicados y que la persona responsable "fue removida de su puesto".
PETICIONES
A la vista del actual escenario, Carme Adán reclamó que se hagan "más transparentes" las adjudicaciones y defendió que se establezcan sistemas que actúen como "un filtro en la función pública". En esta línea, esgrimió que las distintas personas implicadas en esta trama por parte de la Administración "entraron en ella de un modo irregular".
Por su banda, el portavoz de Cultura del PP en la Cámara, Ignacio López Chaves, consideró "absurdo" que los grupos de la oposición pidan ahora "responsabilidades" de los problemas de gestión durante la época del bipartito. "Miraron para otro lado", denunció, para elogiar al actual conselleiro por "actuar" ante esta situación. "El bipartito fue una fiesta, hicieron de todo menos gobernar", sentenció.
POLÉMICA POR LA LENGUA
Al margen de lo anterior, el parlamentario popular volvió a desatar la polémica al realizar su intervención en castellano, contraviniendo así un acuerdo unánime de la Cámara que aboga por el uso del gallego por parte de los representantes públicos.
Ante esta situación, los diputados del BNG mostraron su disconformidad exhibiendo unos folios tamaño A-3 en los que se podía leer el texto de la proposición no de ley, en la que se insta a los cargos públicos a hacer uso "tanto oral como escrito, de la lengua gallega, en el desempeño de su responsabilidad". Como señal de protesta, mantuvieron visibles los carteles durante el transcurso de la intervención de López Chaves.
