El Plan de Inspección Urbanística planificará las actuaciones y extremará el control en zonas sensibles como suelo rústico y litoral
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
La conselleira de Política Territorial, María José Caride, anunció hoy "un cambio importante en la forma de actuar en materia de inspección urbanística", pues comenzará a actuar de oficio y no sólo en respuesta a una denuncia o infracción como hasta el momento.
Caride presentó el Plan de Inspección Urbanística 2006-07, que será el elemento de planificación de estas actuaciones hasta que realice esta labor la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
Este plan atenderá de manera especial en las irregularidades cometidas sobre los terrenos clasificados como suelo rústico de especial protección o en las zonas de servidumbre de protección del dominio público terrestre.
Así, se realizarán hasta cuatro inspecciones mensuales en zonas sensibles como espacios naturales protegidos, en las orillas de los ríos Miño y Sil, en el Camino Francés de la Ruta Jacobea y en los calificados como zonas verdes y espacios libres públicos. entre otros lugares. También se visitarán cada mes las zonas afectadas por modificaciones de planeamiento urbanístico en tramitación. En este plan trabajarán 63 personas, de las que 17 se encargarán de realizar las inspecciones.
Por su parte, el director xeral de Urbanismo, Ramón Luaje Espinosa, explicó que se dará "prioridad" a la detección de posibles infracciones de carácter grave o muy grave, sin descuidar las de menor relevancia.
Entre las actuaciones sobre el territorio figura también el seguimiento de expedientes de autorización autonómica en suelo rústico resueltos en el bienio 2003/05 con el fin de comprobar que las obras ejecutadas y los usos implantados se ajustan a las condiciones establecidas por la Dirección Xeral de Urbanismo. Si la autorización fue denegada, se comprobará que no se realizaron las construcciones ni se establecieron los usos rechazados.
CONCIENCIA CIUDADANA
La conselleira apeló a la concienciación ciudadana y de los municipios para cumplir las normas urbanísticas y saber que "no se puede hacer lo que a uno le pete" y explicó que la Xunta pretende contribuir a ello "más por la vía de la prevención y control de las infracciones que de la sanción".
El director xeral informó de que en 2005 se resolvieron 934 expedientes -sin incluir los instruidos por el Servicio de Protección del Litoral-, de los 377 correspondieron a la provincia de Pontevedra, 355 a la de A Coruña, 113 a la de Lugo y 89 a la de Ourense. En cuanto a las sanciones concluidas, fueron 22, de las que A Coruña concentró la mayoría, 12, Lugo y Ourense registraron cuatro cada provincia y Pontevedra dos.
Por otra parte, Ramón Luaje aclaró que este plan no tiene relación con las suspensiones del planeamiento urbanístico y dijo que esto es "una medida excepcional" y que se tuvo que aplicar en Sada (A Coruña) y Tui (Pontevedra) porque "había inseguridad jurídica, alarma social y problemas de ejecución del planeamiento vigente".
