Alerta de que la previsión de crecimiento urbanístico en los ayuntamientos costeros "duplica" lo existente en la actualidad
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Consellería de Política Territorial paralizará todas las nuevas construcciones previstas en los primeros 500 metros del litoral gallego hasta que los municipios se adapten a la normativa vigente, en especial a la Lei 9/2002, conocida como Lei do Solo.
Así lo adelantó hoy la titular de este departamento autonómico, María José Caride, quien presentó el proyecto de Lei de Medidas Urxentes de Ordenación do Territorio e do Litoral de Galicia, que entrarán próximamente en el Parlamento para que estén en vigor "lo antes posible". La consellería prevé que se pueda aplicar en el segundo trimestre de 2007.
Caride justificó esta urgencia en que es preciso "proteger la franja territorial más frágil de Galicia que, además, sufre una intensa presión urbanística en los últimos años". "Es una medida de país para intentar llegar a tiempo y que no ocurra en esta comunidad el desastre de otros sitios", indicó.
La conselleira recordó que tan sólo 10 de los 315 municipios gallegos han adaptado su planeamiento a la Lei do Solo, "y ninguno en la franja litoral". Además, prometió que su departamento estará "especialmente atento a lo que se haga en estos ayuntamientos antes de que entre en vigor esta ley urgente".
María José Caride explicó que la extensión total de la franja de los 500 metros en los municipios costeros "es aproximadamente de 600 millones de metros cuadrados" y añadió que en los últimos años se observa que "si se computa la superficie denominada como urbana en esa franja se establecen en los planes aproximadamente 80 millones de metros cuadrados".
CRECIMIENTO
La conselleira también indicó que, tras comprobar el suelo urbano de esos ayuntamientos a día de hoy y los suelos urbanizables que están planificados para los próximos años, se constata que "prácticamente todo lo que se edificó en la historia está clasificado como urbanizable en el litoral". "Tenemos una previsión de crecimiento en los municipios costeros -no sólo en la franja de 500 metros- que duplica lo que tenemos hoy en día", advirtió.
En este sentido, insistió en que de esos 600 millones de metros cuadrados, 80 son de superficie urbana y que, dentro de la franja litoral de 500 metros, "el suelo urbanizable a día de hoy incrementa en un 40% el urbano, lo que supone unos 30 millones de metros cuadrados".
Según el proyecto de ley presentado, la suspensión de nuevas construcciones podrá aplicarse en todos los municipios costeros que en su planeamiento tengan clasificados, dentro de esa franja, terrenos de suelo urbanizable, apto para urbanizar o rústico apto para el desarrollo urbanístico.
Además, en el caso de los municipios costeros con población inferior a 50.000 habitantes, estas limitaciones se extenderán a los terrenos que, a pesar de estar clasificados como suelo urbano, no reúnan los requisitos de suelo urbano y, en todo caso, a los incluidos en polígonos, unidades de actuación o de ejecución.
Las normas urgentes prevén también la creación del Instituto de Estudos do Territorio que, según Caride, "ayudará" a los ayuntamientos al desarrollo de la planificación urbanística. "El objetivo es que los municipios vayan acompasados a la Xunta en la planificación de sus normas para no desperdiciar recursos ni tiempo", apuntó Caride.
RESPONSABILIDAD DE LOS MUNICIPIOS
Por ello, la conselleira hizo un llamamiento "a la responsabilidad" de los ayuntamientos y desvinculó esta medida de los comicios municipales del próximo mayo. "Esta medida no la presentamos pensando que que tenga algo que ver con el debate electoral y afecta a todos los municipios del litoral, tengan el color político que tengan", recordó.
En cuanto a las actuaciones de prevención de incendios forestales en las urbanizaciones recogidas entre las medidas urgentes presentadas, van destinadas a las edificaciones situadas a menos de 400 metros de terrenos forestales o en su interior, quedando excluidas las explotaciones agrícolas y ganaderas.
En esas urbanizaciones se fijará una servidumbre de protección en una franja de 25 metros alrededor del perímetro, siendo una obligación de los propietarios su mantenimiento libre de vegetación seca y con la masa arbórea clareada. La futura ley también regulará la integración de los procedimientos ambientales y urbanísticos en relación con la evaluación ambiental estratégica de los planes de ordenación.
