SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Xunta de Galicia ha mostrado su rechazo a la inclusión del lobo en la lista de especies silvestres en régimen de protección especial como ha aprobado la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en una reunión celebrada este jueves.
En un comunicado remitido a los medios, la Consellería de Medio Ambiente sostiene que este hecho supondrá "un gravísimo problema de gestión" para las cuatro Comunidades Autónomas que albergan más del 95% de los lobos de España, que rechazaron de forma unánime la propuesta presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Junto a Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, la Xunta ha señalado que también se opusieron a las pretensiones del Ministerio Andalucía, Madrid, Murcia y País Vasco. Por su parte, ha apuntado que Navarra solicitó que el tema se dejase para una ocasión posterior con el fin de buscar los necesarios consensos, renunciando a participar en la votación, la misma postura adoptada por la Comunidad Valenciana. Por su parte, ha indicado que Ceuta no participó en la votación por problemas de comunicación en la videoconferencia.
"En definitiva, durante la segunda y definitiva votación, ocho comunidades se mostraron en contra de la propuesta del Ministerio y ocho a favor, entre ellas, algunas comunidades que nunca podrán tener al lobo en su territorio, ni enfrentarse a su gestión, por razones meramente geográficas", asegura la Xunta que señala que el voto a favor de su propia propuesta por parte del representante del ministerio permitió la aprobación de la inclusión del lobo en dicho listado.
Al respecto, la Consellería de Medio Ambiente ha criticado que, tal y como pusieron de manifiesto "los directores generales de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León", es la primera vez en la historia de funcionamiento de este órgano que un ministerio lleva la propuesta de inclusión de una especie en el Listado de Protección Especial o en el Catálogo de Especies Amenazadas sin haberla consensuado antes, especialmente con aquellas comunidades que albergan de forma mayoritaria la población de esa especie.
La Xunta ha señalado que tanto Galicia, como Asturias, Cantabria y Castilla y León se opusieron a la pretensión del ministerio desde lel primer momento en que se propuso el informe del Comité Científico, y lo
hicieron de forma reiterada en los órganos técnicos existentes para llegar a los necesarios consensos: Grupo de Trabajo y Comité de Flora y Fauna Silvestre.
Según indica el departamento autonómico, su rechazo se basó en informes técnicos y científicos "que merecen el máximo respeto". Sin embargo, critica que, durante la reunión de la Comisión Sectorial, ni el ministerio ni ninguna de las comunidades que apoyaron su propuesta presentaron documentos que avalasen su postura.
"El único aval científico que en su día presentó el ministerio fue el informe de un Comité Científico que, de entrada, rechazaba la pretensión de la organización ecologista que inició este proceso de catalogar el lobo como especie amenazada, precisamente porque no se acreditaban ninguna de las condiciones que determinan esa consideración ya que las poblaciones de lobo en España está acreditado técnica y científicamente que aumentaron en área de distribución y en ejemplares de forma muy importante nos últimos 20 años", ha indicado.
ANÁLISIS JURÍDICO
La Xunta ha indicado que desde los servicios jurídicos de las cuatro Comunidades se analizarán las circunstancias que rodearon esta sesión de la Comisión Estatal Sectorial y el propio acuerdo adoptado, además de promover todos los recursos que estén a su alcance para impedir una decisión que consideran que "no tiene ningún fundamento técnico ni científico".
Asimismo, también manifestaron que este acuerdo, de llevarse a término, puede vulnerar las competencias exclusivas en materia de caza de las Comunidades Autónomas.
Por último, la Xunta ha indicado que los consejeros de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León coincidieron en expresar su profundo malestar con la actitud de la ministra Teresa Ribera y del Secretario de Estado Hugo Morán, que ni siquiera respondieron a sus solicitudes de los últimos meses para celebrar reuniones al más alto nivel con el fin de tratar este asunto.
