El PSdeG pide la dimisión del director xeral de Administración Local por no entregar los datos solicitados sobre subvenciones a empresas de Ferrol
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El director xeral de la Asesoría Xurídica de la Xunta, Manuel Pillado, ha expresado este jueves "alegría" por la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga a la administración a abonar a Pescanova 1,1 millones de euros tras impedir el bipartito la instalación de una planta de su filial Insuiña en Cabo Touriñán (Muxía, A Coruña). Y es que, como ha señalado, la empresa reclamaba inicialmente más de 37 millones de euros, cuantía rebajada por un perito independiente a unos 10 millones de euros.
En comisión parlamentaria, la diputada del BNG Tareixa Paz ha juzgado "increíble" que haya que indemnizar a la compañía, pues el mismo fallo del TS considera "legal" la decisión del Gobierno de coalición de socialistas y nacionalistas de rechazar la ubicación de una factoría en Red Natura. Así, se ha interesado por la defensa ejercida por los abogados de la Xunta.
"La defensa de los letrados fue correcta", ha recalcado Pillado, quien ha dejado claro que no hubo "interferencias de ninguna clase" en el modo de defender "los intereses de la administración".
Además, ha detallado las distintas alegaciones, encaminadas a reducir las indemnizaciones requeridas por la empresa, y ha recordado que se defendió que la decisión de la Xunta perseguía la "protección" del medio ambiente. "Se discutieron todos los conceptos", ha resumido.
"Defendimos la improcedencia de una indemnización por daños, puesto que la actuación de la administración había sido totalmente correcta y legal al suspender la instalación de la planta", ha argumentado el alto cargo del Gobierno autonómico, sin dejar de recalcar que la posición de los letrados de la Xunta no fue "pasiva" sino que "se discutieron todas las conclusiones en lo que no favorecía los intereses de la administración".
"PREOCUPACIÓN"
Al respecto, la parlamentaria del Bloque ha expresado su "preocupación" por que "reparar la legalidad" conlleve la necesidad de indemnizar a una empresa, pese a que, en este caso, Pescanova aún no había construido en la zona. "Se sienta un precedente que puede ser bastante peligroso", ha reflexionado.
En su turno de réplica, Pillado ha explicado que la Justicia tiene en cuenta "perjuicios ilegítimos" que las empresas "no tienen por qué soportar" pese a que la actuación de la administración sea correcta. "Así son las cosas", ha agregado.
De hecho, ha indicado que, si bien la sentencia del Supremo tiene en cuenta que la factoría no estaba construida, la empresa invirtió casi 123.000 euros en estudios ambientales, topográficos, analíticos, prospecciones y certificaciones y otros 970.000 en instalaciones técnicas de montaje que ahora la Xunta deberá compensar.
Finalmente, tras reivindicar que la actuación de los abogados fue "totalmente correcta", ha lamentado que haya que abonar esa cuantía, pero ha manifestado también "alegría" porque el TS "no estimase todas las pretensiones indemnizatorias" de la empresa.
"DIMISIÓN"
Por otra parte, en la misma comisión, la diputada del PSdeG Beatriz Sestayo ha pedido la "dimisión" del director xeral de Administración Local, José Pazos Couñago, por "vulnerar" la legalidad al no facilitarle los datos que había solicitado sobre las subvenciones de la Xunta a empresas de Ferrol.
De hecho, ha solicitado el "amparo" del presidente de la comisión, en ese momento Hipólito Fariñas (PP), quien ha instado al alto cargo del Gobierno gallego a responder a las preguntas formuladas.
Sin embargo, Pazos Couñago ha vuelto a explicar a la parlamentaria que esos datos no pueden extraerse atendiendo al domicilio social de las empresas, de modo que tendría que revisar todos los expedientes e ir comprobando en paralelo donde está radicada cada una de las compañías beneficiarias.
"No es que sea un secreto. Si me pide esos datos por el número de pie de los beneficiarios, tampoco los tengo", le ha espetado, a lo que Sestayo ha censurado su "frivolidad" y ha juzgado que el "nivel" demostrado "lo inhabilita para el cargo".
