La Xunta ve "precipitada" la decisión del TC de mantener suspendida la ley gallega del litoral y pide "repensarlo"

El presidente de Iberconsa, Alberto Freire, y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda, Ángeles Vázquez, firman la adhesión del grupo empresarial a la Alianza Galega polo Clima.
El presidente de Iberconsa, Alberto Freire, y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda, Ángeles Vázquez, firman la adhesión del grupo empresarial a la Alianza Galega polo Clima. - EUROPA PRESS
Europa Press Galicia
Actualizado: viernes, 1 marzo 2024 13:58

VIGO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha recibido con "sorpresa" la decisión del Tribunal Constitucional  de mantener suspendida la práctica totalidad de la ley de gestión del litoral impulsada por la Xunta y, tras calificar la decisión de "muy precipitada", ha insistido en la normativa "protege la costa y la economía" de la Comunidad.

En declaraciones a los medios durante una visita a la empresa Iberconsa en Vigo, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha reconocido que el auto del Constitucional ha cogido "por sorpresa" al gobierno gallego.

Así, ha expresado que la decisión "es muy precipitada" porque no figuraba en el orden del día del pleno del tribunal y ha apuntado que, a la espera de recibir el auto, "deberían repensarlo un poco y dictar sentencia cuanto antes" porque su decisión "va en contra de los intereses de Galicia".

En todo caso, la conselleira ha insistido en que esta ley "protege la costa y la economía" gallega. "No alcanzamos a saber por qué se dice que, lejos de proteger nuestra costa, va sufrir consecuencias de carácter medioambiental", ha afirmado.

Por otra parte, Ángeles Vázquez también ha reclamado "explicación de los motivos" por los que se abordó esa cuestión por parte del Tribunal Constitucional sin estar en el orden del día y, asimismo, ha mostrado su extrañeza porque queden suspendidos "casi todos los artículos" de la ley, a excepción de tres de ellos, entre los que está el relativo a la necesidad de que Gobierno pida a Galicia informe socioeconómico y de afectación a las aguas, en caso de querer realizar cualquier inversión en dominio público marítimo terrestre.

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