La mayoría de los damnificados se acogieron en 2004 a las compensaciones concedidas por el Estado
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Unos 700 profesionales del mar gallegos afectados hace seis años por la marea negra del Prestige están pendientes de recibir una compensación a los daños que causó en 2002 el vertido de más de 60.000 toneladas de chapapote del petrolero que naufragó a 30 kilómetros del Cabo Fisterra.
La situación de los pescadores, mariscadores, marineros, armadores y comercializadores, entre otros, que no se acogieron a las indemnizaciones concedidas por el Estado en 2004, a través de dos reales decretos, dependerá de la sentencia de un juicio para el que todavía no existe una fecha.
Según explicó a Europa Press el abogado de la Comisión de cofradías afectadas por el Prestige, Ramón Sabín, las opciones de los damnificados que no percibieron una compensación del Estado se limitan a "ser indemnizados por el Fidac --ente internacional que media en los casos de contaminación por hidrocarburos-- o esperar al juicio".
Su despacho atendió las reclamaciones de 15.000 profesionales del mar, entre los que figuraron diversos pósitos gallegos y la propia Federación Galega de Confrarías de Pescadores. "Sólo un pequeño número de afectados quedó sin cobrar", aseguró a Europa Press, tras estimar que esa cifra ascenderá a 200 personas.
Entre ellos se encuentran los que no reunían los requisitos exigidos por el Estado, "gente que estaba de baja o enferma en el momento del siniestro y no percibió las ayudas". Este abogado defendió que, no obstante, las cofradías a las que atendió están, hoy, "satisfechas", sobre todo "cuánto más tiempo pasa".
"Me criticaron mucho cuando decía que este era un proceso muy largo, complicado y costoso. Han pasado seis años y por la vía judicial no se ha conseguido nada", aseveró para añadir que, a su juicio, los damnificados que no han cobrado todavía "tardarán mucho" en hacerlo.
Este abogado destacó la dificultad de que, seis años después de la catástrofe, los profesionales afectados logren acreditar que en 2002 padecieron daños mayores a las ayudas concedidas en su momento por la Xunta de Galicia.
COFRADÍAS "PERJUDICADAS"
No obstante, otros 10.000 profesionales gallegos del mar dejaron sus reclamaciones en manos de la Coordinadora de Cofradías de Pescadores Afectados por el Prestige, cuyo abogado, Alberto Muñoz, denunció a Europa Press que el Estado "abandonó a un gran número de personas con situaciones más complejas". La cifra asciende a 500 personas en el caso de la organización a la que representa.
Según señaló, las reclamaciones de profesionales del sector extractivo de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco que recurrieron a la vía judicial superan las 2.000 y deberán ser resueltas en un juicio que, como apuntó podría celebrarse el año que viene en A Coruña.
Muñoz reprochó al Estado que no haya compensado de igual modo a todos los afectados dado que, a su juicio, las cofradías de la "zona cero", esto es, de A Costa da Morte, percibieron indemnizaciones "generosas". Sin embargo aseguró que "se perjudicó a las cofradías de las Rías Baixas y de A Mariña lucense. Las que más facturaban fueron las que menos cobraron".
En su opinión, el Estado "hizo negocio" al adelantar una parte de las compensaciones que reclamaba el sector pesquero y marisquero mediante acuerdos de transacción con Hacienda para no tener que pagar la "cuantía definitiva", la que, a su juicio, se vería obligado a asumir en caso de que el juzgado lo declare culpable.
Según Muñoz, dos reales decretos de principios y finales de 2004 limitaron a un año el pago de esas indemnizaciones que, de otro modo, podrían ser más elevadas cuando concluya el juicio y se disponga de una sentencia. "Si el Estado es condenado deberá pagar ilimitadamente todos los daños. El Prestige fue un gran desastre ecológico pero también económico", subrayó.
En la actualidad, el Juzgado de Corcubión asume la fase de instrucción del procedimiento penal que, una vez concluya dará paso a un "macrojuicio", como apuntó, al que asistirán más de 70 abogados y en el que se personará además el Estado francés.
