SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Galega de Mariscadores (Agamar) ha acudido a los Tribunales de Justicia para impedir la pretensión de la Consellería do Mar de exigir a los mariscadores de Galicia la obtención de un certificado médico de aptitud para poder renovar anualmente el permiso de explotación (Pérmex).
Así lo ha asegurado la asociación en un comunicado, en el que han destacado que este certificado que exige la Xunta "no está previsto" ni en la Ley de Pesca ni en el Decreto 425/1993 de Renovación de los permisos de explotación.
Según ha añadido la asociación de mariscadores, la Consellería do Mar les notificó la decisión alegando que las mariscadoras gallegas realizan una labor "penosa y esforzada" por lo que "es necesario" que realicen pruebas médicas que acrediten su "buen estado de salud", siendo esta la que decida, en función de dichas pruebas, si la mariscadora es "apta o no" para trabajar.
Además, Agamar ha manifestado que ante esta "ilegal" y "perversa" práctica que pretende implantar la Xunta en todas las cofradías de Galicia, decidió acudir a los tribunales para "impedir" que se lleve a cabo ya que, según ha expresado, tal criterio supondrá una "invasión de competencias" que residen en el Instituto nacional de seguridad social y en el Equipo de valoración de incapacidades o facultativos del Sergas.
Finalmente, la asociación de mariscadores ha recordado que según la Ley de Sanidad y la Ley de Datos no están "obligados" a facilitar a una administración pública una información "personal", "sensible" y "delicada" que afecta a la "integridad física" de cada persona.
RECHAZO DEL PPdeG
Por su parte, el portavoz de Mar del Grupo Parlamentario Popular, Jose Manuel Balseiro Orol, aseguró "no comprender ni considerar acertadas" las críticas de Agamar sobre el proceso de regularización de las embarcaciones pesqueras.
Así, ve "sorprendente" que la entidad module sus protestas "en función del viento político", tras acusarles de ser un "colectivo próximo al PSOE" y recordar que dicho proceso "es un ámbito de competencia propia do Gobierno central".
