SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Ecoloxista Galega (Adega) dispone de dos informes de departamentos de la Xunta --de las direcciones generales de Urbanismo y de Patrimonio Cultural-- que recogen "objeciones" al Plan Acuícola, aprobado por el propio Gobierno gallego, y que servirán como "argumentos" para recurrir por la vía contencioso-administrativa y tratar de impedir un plan que "legaliza" y "premia" a empresas que no cumplen con el medio ambiente.
Así lo aseguraron hoy el secretario ejecutivo de Adega, Fins Eirexas, el coordinador de la asociación, Martiño Fiz, y el portavoz de la Plataforma de Quilmas, Xosé Manuel Casais, quienes manifestaron que "se pone en evidencia las falsedades de la conselleira de Pesca --Carmen Gallego-- respecto a la tramitación modélica y la incompetencia del titular de Medio Ambiente --Manuel Vázquez--" por no actuar ante las deficiencias medioambientales.
Algunas plataformas creadas en lugares en las que se ampliarán o crearán piscifactorías al amparo del Plan Acuícola ya han presentado recursos. Además, Adega entiende que la Fiscalía Anticorrupción puede "iniciar de oficio" las diligencias por la actuación de los responsables de la Xunta y avanza que habrá preguntas en el Parlamento Europeo para evitar que el Plan Acuícola reciba fondos europeos.
SIN EQUILIBRIO CON TERRITORIO
Adega indica que el informe de la Dirección Xeral de Urbanismo advierte de que en el suelo rústico de especial protección "están prohibidas las actuaciones que resulten incompatibles con el objeto de protección. La asociación ecologista recuerda que los terrenos situados a 200 metros de la orilla del mar, "franja en la que se sitúa la totalidad de las instalaciones --piscícolas--", deben tener consideración de suelo rústico de especial protección.
Asimismo, asegura que el citado documento señala, que pese a la modificación introducida al respecto para autorizar las piscifactorías en estas zonas, estas instalaciones "no deben alterar la naturaleza rústica de los terrenos y debe garantizarse la integridad de los valores objeto de protección".
El departamento de Política Territorial llama la atención a la Consellería de Pesca sobre la ausencia de unas directrices de Ordenación del Territorio --en tramitación-- y de la falta de un Plan de Ordenación de Litoral --en redacción--, al tiempo que advierte de la "necesidad" de que el Plan Acuícola "respete los principios de este departamento". El citado informe también reconoce el "impacto medioambiental" de las piscifactorías sobre el territorio local y el medio social.
Al respecto, el secretario de Adega criticó que Pesca y Medio Ambiente --por su "vergonzosa Memoria Ambiental" en relación al Plan Acuícola-- practiquen la política de "hechos consumados" pese a las carencias detectadas por departamentos de la propia Xunta, que alertan de que "no se analizó la incidencia negativa de las piscifactorías en otros sectores productivos y económicos ni el impacto paisajístico".
Fins Eirexas indicó que Urbanismo apunta, pese a lo dicho por responsables autonómicos, que el Plan Acuícola "afecta directamente a 55.870 metros cuadrados" de la Red Natura y reconoce que, "aunque de escasa entidad, no parece justificable por mucho que se establezcan medidas correctoras de mayor calado en los proyectos sectoriales que se desarrollen".
También explicó que el informe de la Dirección Xeral de Patrimonio sobre el Plan Acuícola recoge que "carece de estudios específicos para valorar el impacto sobre el patrimonio cultural" y que "no incluye la consulta de los inventarios sobre patrimonio --ni de los ayuntamientos ni de la Xunta-", tampoco define espacios protegidos del patrimonio cultural ni determina las zonas de exclusión.
REVISIÓN DEL PLAN
Adega resalta que el departamento de Cultura apunta afectaciones concretas en diversos elementos histórico-arqueológicos por piscifactorías de Oia, Cangas, O Grove, Malpica, Muxía, Valdoviño, Xove y dos en Ribadeo. Añade que este informe indica que "teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, debe revisarse el documento de referencia de forma que se adopten las medidas oportunas que garanticen la protección del Patrimonio Cultural".
Tras señalar que estas objeciones son coincidentes con las alegaciones presentadas en su día al Plan Acuícola, la asociación ecologista señala que "queda demostrada la dejadez de algunos departamentos autonómicos y la escandalosa connivencia con los intereses de la patronal acuícola".
También responsabiliza de la situación a Gallego, Vázquez y al propio presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, este último por "forzar la aprobación de un proyecto lleno de brechas legales e irregularidades señaladas por la propia administración en sus informes".
DILIGENCIAS EN ANTICORRUPCIÓN
Aunque no descarta recurrir a la Fiscalía Anticorrupción, la asociación ecologista entiende que este órgano puede "abrir de oficio diligencias" para determinar las responsabilidades de los políticos.
En cualquier caso, Eirexas reconoció que, si bien la asociación no es partidaria de judicializar la situación, se recurre a los tribunales --ya hay denuncias presentadas por la Plataforma de Quilmas por la tramitación y por la ausencia de licencia de actividades y de vertidos de la piscifactoría de esta zona-- para tratar de paralizar este plan y también a la "presión social" y a la formulación de preguntas en el Parlamento Europeo.
En el Parlamento Europeo, a partir del asesoramiento de la Oficina del BNG en esta institución y a través del grupo compuesto por naciones sin estado, Adega prevé que será un diputado del PNV el que defienda las preguntas sobre el Plan Acuícola, orientadas a exponer como afecta a la Red Natura, a detectar las carencias de permiso de vertidos y en el cumplimiento de las directivas sobre depuración y sobre aguas, y para informar de en qué va a usar Pesca los fondos europeos.
El secretario de Adega reconoció que la estrategia ante la Cámara europea es tratar de "asfixiar el Plan Acuícola" para que "no reciba" fondos europeo, no obstante admitió que la importancia de los lobbies de acuicultura en Europa. Reiteró que, mas que judicializar y buscar responsabilidades, el objetivo es impedir un plan que "legaliza" piscifactorías sin permiso para vertidos ni de actividades económicas y que "premia" a estas empresas".