Cepesca "no tolera" que se juzgue "a todo el sector español" por "el comportamiento de un empresario"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha afirmado este domingo "no estar dispuesta a tolerar" que, "por el comportamiento de un empresario determinado", se juzgue "a todo un sector" que emplea a más de 50.000 pescadores en España y que, en general, "cumple estrictamente con la normativa pesquera vigente".

De esta manera lo ha manifestado a través de un comunicado, después de que Greenpeace acusase, a través de un informe, a la Xunta y al Gobierno central de financiar a empresas que llevaban a cabo la pesca ilegal, entre las que incluía a modo de ejemplo las prácticas realizadas por una entidad gallega.

Ante esta cuestión, Cepesca ha considerado "manipuladas e interpretadas" las afirmaciones realizadas por la plataforma ecologista y ha calificado su informe de "burda recopilación de declaraciones de prensa de determinadas ONGs".

Asimismo, ha reprobado que los ecologistas "se afanen en señalar a la flota española como el origen de todos los males de los océanos", ya que, como ha indicado, "sus capturas apenas representan un cinco por ciento del total de capturas mundiales".

AYUDAS

Además, en cuanto a las ayudas concedidas por las Administraciones al sector, la Confederación Española de Pesca también ha recordado que tanto el Tratado de Roma --constitutivo de la Comunidad Europea--, como los diversos tratados que lo han venido modificando, reconocen la existencia de una "clara desigualdad" del nivel medio de renta del sector pesquero respecto al del resto de la población.

Por este motivo, ha asegurado que reflejan, entre los objetivos de la política pesquera, "la necesidad de garantizar un nivel de vida equitativo a la población pesquera, en especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la pesca".

Asimismo, ha explicado que prevén que en la elaboración de la política pesquera común se deberán tener en cuenta las características especiales de la actividad pesquera, que resultan de la estructura social de la pesca y de las desigualdades estructurales y naturales entre las distintas regiones pesqueras.

Cuestiones que, además, como ha apuntado, en el caso de España aparecen en la Carta Magna. Así, ha detallado que la propia Constitución Española "impone" a los poderes públicos el deber de desarrollar el sector pesquero, atendiendo a la modernización de este sector económico mediante la dispensación de un tratamiento especial.