SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Xunta ha solicitado "formalmente" al Ministerio de Sanidad y Política Social que defienda la "excepcionalidad" de Galicia ante la Comisión Europea para lograr una "moratoria" de la normativa que regula las zonas C y permitir, así, la comercialización en fresco de los moluscos bivalvos extraídos en los bancos marisqueros con esa clasificación tras un proceso de depuración intensiva.
"La salubridad está plenamente garantizada", aseguró el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta y recalcó que esta medida supondría la "reactivación económica" de las rías de Ferrol, Baiona y Pontevedra, del subsector de depuradoras, la reapertura de bancos marisqueros cerrados y el ahorro de los 43 millones de euros que dedica la Administración gallega la regeneración de zonas improductivas.
El jefe del Gobierno autonómico recordó que hasta 2006 los moluscos extraídos de las zonas C podían consumirse después de someterse a un proceso de depuración intensivo, reinstalación mínima de dos meses o procesado térmico. En la actualidad, este marisco sólo puede comercializarse tras su depuración y cocción previa.
"Contamos con la infraestructura necesaria", insistió Núñez Feijóo, quien destacó que las 66 depuradoras existentes en Galicia disponen de capacidad para procesar más de 515 millones de kilos anuales, así como "todas las garantías de salubridad" para la comercialización de moluscos bivalvos frescos "una vez sean sometidos a depuración intensiva".
REVISIÓN ESTRICTA DE LA XUNTA
El proceso de depuración sería, además, revisado estrictamente por la autoridad competente de la comunidad gallega. El Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar) realiza análisis periódicos para determinar la contaminación microbiológica de las aguas en cada zona de producción, un control que determina la extracción de moluscos. A su vez, la Consellería de Sanidade controla las industrias transformadoras, mercados y transporte.
Por su parte, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas prevé iniciar líneas de trabajo que permitan una depuración efectiva de las aguas residuales generadas las cuencas de las zonas afectadas.
LA MISMA PROPUESTA DE 2005
La Consellería do Pesca había realizado en 2005 la misma propuesta --el reglamento europeo 853/2004 contempla la posibilidad de una moratoria--, aunque el Gobierno bipartito no apostó por ella. "Desde 2006 no hubo gestión ante la UE y, en este momento, está cerrada en esas rías la extracción de molusco fresco", señaló Núñez Feijóo, quien aseguró no poder compartir que la Xunta "abandonara" y "dejara sin producción" esas zonas de producción.
La actual Administración pesquera gallega remitió la petición de la moratoria al Ministerio de Sanidad y la conselleira do Mar, Rosa Quintana, trasladó esta propuesta a representantes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), al ex comisario de Pesca, Joe Borg, y al director general de Pesca de la UE, Fokion Fotiadis.
El informe de la Xunta defiende que la habilitación del proceso de reinstalación en Galicia supondría numerosos cambios que, a su juicio, no garantizan la mejora de la calidad de las zonas de producción.
También argumenta que la situación ocasiona pérdidas económicas a los productores y recuerda que la comunidad gallega es la región de mayor producción de moluscos bivalvos de Europa --sólo el mejillón en batea produce entre 250.000 y 300.000 toneladas al año, que representan en 95 por ciento de la producción española, el 37 por ciento de la europea y el 21 por ciento de la mundial--.
MEDIDAS ADAPTADAS AL CASO GALLEGO
El Gobierno gallego realiza esta solicitud remitiéndose al reglamento comunitario 853/2004 --artículos 10.3 y 10.4 del capítulo IV--, en el que se apunta la posibilidad de que los estados miembros puedan adoptar medidas nacionales de adaptación de los requisitos exigidos, por lo que Mar propone medidas acordes al caso gallego, entre las que figura la comercialización tras su depuración intensiva con la supervisión del proceso por la autoridad competente.
Otra de sus sugerencias es la de someter cada lote de productos al ensayo antes de ser comercializados para informar a la autoridad competente de los resultados que no se ajusten a lo establecido en la normativa. Si una de esas partidas no cumple con lo exigido continuará sometido a depuración intensiva.