Acusan al alcalde de Santa Margalida de beneficiar a familiares con la compra de terrenos municipales

Miembros del grupo socialista de Santa Margalida, junto a otros cargos del partido a nivel insular y autonómico.

- PSIB-PSOE

Recriminan al PP su "complicidad" con Monjo por no hacer nada para evitar la operación PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas de Santa Margalida han acusado al alcalde, Joan Monjo (Convergència), de intentar beneficiar a sus familiares a través de la adquisición de terrenos municipales que les reportaría unos beneficios de unos 300.000 euros.

En un comunicado, el PSIB-PSOE ha alertado que el pleno municipal del próximo viernes votará la expropiación de cerca de 3.000 metros cuadrados del conocido como Carrer Llarg de Son Serra por un importe aproximado de 600.000 euros.

Esta operación, derivada de las normas subsidiarias de 1986, se complementaría con la compra ya efectuada de 3.000 metros cuadrados de una finca contigua.

Las dos actuaciones, han sostenido los socialistas, estaban vinculadas a una propuesta impulsada por el propio Monjo para adquirir entre 250.000 y 400.000 metros cuadrados de un pinar anexo para destinarlos a crear zonas verdes en el municipio.

No obstante, han subrayado, lo que parecía un proyecto consensuado para recuperar espacios públicos se ha convertido en una operación "marcada por graves irregularidades", según se desprende de un informe firmado por varios funcionarios municipales y que fue trasladado a la comisión informativa el pasado lunes.

Este documento pone de relieve una serie de hechos "que ponen en clara duda toda la legalidad del proceso" y de la actuación del alcalde, a quien los socialistas acusan de beneficiar a sus familiares.

LA CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

De acuerdo con el PSIB, en 2018 se inició un proceso para reclamar la expropiación del Carrer Llarg por uno de los propietarios de una de las fincas afectadas.

Ya en marzo de 2021, la junta de portavoces municipales se mostró favorable a la propuesta del alcalde de adquirir el pinar de Son Serra, pero "sin determinar parcelas ni condiciones específicas".

"Este acuerdo ha sido posteriormente utilizado para justificar una actuación centrada en una finca con intereses familiares del alcalde", han sostenido los socialistas.

En junio de 2022, el Monjo inició el expediente para la adquisición de terrenos para la zona verde con una serie de criterios y condiciones técnicas que, siempre según la misma fuente, él mismo determinó.

El informe de los funcionarios municipales hace referencia a este asunto y señala que existen sospechas de que "solo la parcela de sus parientes es la que cumple de forma individual los requisitos".

Entre octubre de ese año y julio de 2024 se publicaron tres licitaciones con los mismo criterios. Dos quedaron desiertas y una tercera, impulsada por la alcaldía, finalizaba el 21 de noviembre de ese año.

"En ninguna de estas licitaciones, en la nota simple de la parcela, aparecen los parientes del alcalde. Por tanto, no se tiene constancia ni por los técnicos municipales, ni por los regidores de la oposición, que la finca sea propiedad en un 50 por ciento de sus familiares", ha reconocido el PSIB.

No obstante, sí que se conoce, por las notas registrales, que en un 50 por ciento pertenece a una tercera persona que nunca ha efectuado ningún acto administrativo en el Ayuntamiento de Santa Margalida.

Todo esto cambia cuando el pasado 19 de noviembre se aporta una escritura de aceptación y adjudicación de herencia en el que dos familiares directos de Monjo aparecen como usufructuario y nudo propietario, respectivamente, del 50 por ciento de la finca.

Entre esta documentación también se encuentran los documentos de identificación de los familiares del alcalde en tanto que cotitulares de parcela y de adjudicación de la herencia de otro familiar del alcalde, difunto años atrás.

SE PRESENTAN A LA LICITACIÓN

Derivado de lo anterior, los dos días siguientes --20 y 21 de noviembre de 2024-- los servicios municipales tienen constancia de que familiares de Monjo presentan una oferta a la licitación y que afirman que el alcalde debería haber abstenido desde un principio.

No obstante, los funcionarios constatan en su informe la "participación personal y directa del alcalde desde el inicio del expediente" con una provisión de junio de 2022 en la que se indican los criterios de adjudicación y los requisitos.

Su intervención activa implica "actos administrativos viciados de nulidad absoluta o, en el mejor de los casos, anulabilidad", exponen los trabajadores municipales.

Los socialistas ponen el acento en el hecho de que la tercera licitación, que se impuso a propuesta de Monjo, acababa el 21 de noviembre y no fue hasta dos días antes cuando sus familiares presentaron la documentación. "Hecho que no consideramos casual", han subrayado.

"En virtud de escritura pública fechada el 29 de agosto de 2024 los familiares del alcalde aceptan como herencia, de otro familiar del alcalde, el 50 por ciento de la finca implicada. Se debe tener presente que la defunción del anterior propietario ya se había producido hacía varios años", han añadido.

Además, han proseguido los socialistas, esa finca ya pertenecía al antiguo propietario --también de la familia-- por haberla comprado a la sociedad mercantil Jujuy SL. en el año 2005, cuando era propiedad de Monjo.

Ésta se encontraba pendiente de inscripción registral en el momento del otorgamiento de la indicada escritura de aceptación y adjudicación de la herencia. El informe considera que "es obvio por tanto que cuando se adoptó el primer acuerdo el alcalde ya debía haberse abstenido en su intervención".

El PSIB también ha considerado que es "obvio y evidente" que, dado que Monjo había sido propietario y que la propiedad continuó siendo de su propia familia, "no puede alegar desconocimiento".

"Llama la atención, si no e que no hay una intencionalidad manifiesta, el hecho de no inscribir la propiedad o no registrar la herencia pese haber transcurrido 20 años", han deslizado.

La valoración de los terrenos, de acuerdo con los socialistas, se ha hecho mediante técnicos contratados de forma externa. Los funcionarios municipales, en su informe, consideran conveniente que esta valoración económica "sea confirmada o ratificada" por un funcionario público o por los servicios técnicos del Consell de Mallorca.

Ya en enero de este año, Monjo delegó las competencias en el regidor Eugenio Garrido --al PSIB le llama la atención que no lo hiciera en el primer teniente de alcalde, del PP-- y este abril se convoca el pleno para aprobar la expropiación de la finca, valorada en 665.000 euros.

"Aquí es cuando los regidores de la oposición tenemos constancia de este informe, ya que la tercera licitación de la compra del pinar no se llevó a pleno y, por lo tanto, no pudimos acceder al informe", han zanjado.

LA RESPONSABILIDAD DEL PP

A juicio de los socialistas, el hecho de que el PP "sustente" el gobierno municipal de Santa Margalida con sus ocho regidores le capacitaría para impedir que se apruebe "un expediente viciado por conflictos de interés y que viene dado por una más que evidente voluntad del alcalde de dirigir el proceso y ocultar su relación con la finca a comprar".

"Su inacción, falta de posicionamiento y apoyo tácito al alcalde los convierten en cómplices de una gestión irregular que puede tener consecuencias legales y patrimoniales para el municipio", han recriminado.

Ante este escenario, el PSIB ha exigido la paralización inmediata de todos los expedientes vinculados a la finca y a la licitación, así como su revisión completa.

También la realización de una auditoría externa de los procesos de valoración económica de la parcela, la comparecencia de Monjo y del PP para dar explicaciones y la revisión de oficio de los actos adoptados con participación del alcalde en situaciones que pudiera haber existido un conflicto de interés.