PALMA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
Varias personas afectadas por los desempadronamientos y los problemas para acceder al padrón han protestado este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Palma.
Lo han hecho durante el turno de intervenciones ciudadanas e invitados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca, cuya portavoz, Ángela Pons, ha recriminado al equipo de gobierno que estén cometiendo una "ilegalidad".
Uno de los afectados es Luis Gómez, un hombre de 53 años que reside en una caravana aparcada en Son Hugo y que hace 16 años que vive en Mallorca.
"Hace tres años me empadroné y, dos años más tarde, el Ayuntamiento me desempadronó. No les pido una casa, sino que me dejen vivir con derechos, porque me han quitado el derecho a casarme, al voto o a ir al médico. Me veo tirado en la calle sin derecho alguno", ha lamentado.
Ariadna, quien también reside en una autocaravana en Palma, no ha sido desempadronada sino que se ha enfrentado a múltiples trabas para poder acceder al padrón.
"Llevo dos años intentando empadronarme en Palma, donde vivo de forma efectiva y continuada, ya que trabajo aquí y mi hija está escolarizada en el municipio", ha expuesto.
Según su relato, en las oficinas municipales no quisieron admitir su documentación, por lo que optó por iniciar los trámites de forma telemática, de momento sin éxito.
"No se me ha concedido el empadronamiento, pero tampoco se me ha denegado formalmente. Solo he recibido derivaciones constantes a otros organismos como la Cruz Roja o los servicios sociales", ha incidido.
Su caso, ha asegurado, ha sido puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo, quien en varias ocasiones ha instado al Ayuntamiento de Palma ha ponerle una solución.
"Estáis incumpliendo la ley, y esto se tiene que arreglar. Estamos hartos de que los derechos que nos corresponden como ciudadanos se vulneren día a día", ha zanjado la portavoz de la PAH.
La polémica por los desempadronamientos se remonta a unas semanas atrás, cuando el PSOE de Palma acusó a la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, de pedir listados de personas en situación de emergencia social con la intención de desempadronarlas.
Los socialistas aseguraron que Roca solicitó a la Cruz Roja el listado de cerca de 300 personas en situación de emergencia social para retirarlas del padrón y que, por lo tanto, mintió cuando dijo que era habitual que la entidad enviara los listados.
"Lo vinculó a una tarea habitual de revisión del padrón, cuando en realidad nunca se había aplicado en el caso de personas en situación de emergencia social", contrapusieron los socialistas, basándose en información de la Cruz Roja, que confirmó este extremo.
El Ayuntamiento, por su parte, insistió en que la revisión de determinados empadronamientos de personas en situación de vulnerabilidad responde al cumplimiento de la normativa vigente y se realiza siguiendo los criterios técnicos establecidos por los servicios municipales.
LA POLÉMICA LLEGA AL PLENO
Sobre esta cuestión versaban dos de las mociones, una de Podemos y otra del PSOE, que se han debatido en el pleno de este jueves y que, pese a que no han salido adelante, ha servido para que los grupos municipales expusieran sus posturas.
La regidora de Podemos, Lucía Muñoz, ha considerado que no se trata de una "simple revisión del padrón" sino de una "retirada masiva de empadronamientos que está dejando a miles de personas fuera del sistema".
"Señor alcalde, está convirtiendo la vulnerabilidad en un motivo de exclusión y le ha declarado la guerra a los pobres. Por eso le exigimos que paralice las bajas, que de explicaciones y que asuma responsabilidades políticas por las mentiras de la regidora", ha incidido.
El socialista Daniel Oliveira ha acusado al equipo de gobierno municipal de "estar jugando con el derecho a la sanidad, a la escolarización, a los servicios sociales y a la posibilidad de regularizar su situación administrativa".
"Han convertido el empadronamiento en una herramienta de exclusión y persiguen de forma sistemática a los más vulnerables, a quienes deberían encontrar en este Ayuntamiento una puerta abierta y no una trampa", ha subrayado.
Miquel Àngel Contreras (MÉS per Palma) se ha preguntado por la intencionalidad que tiene el equipo de gobierno al cerrar "la puerta de entrada a los derechos básicos" a cientos de personas.
La regidora de Gobierno Interior, Mercedes Celeste, ha sido la encargada de defender la versión del equipo de gobierno, y no Roca, quien en cualquier caso deberá comparecer al final del pleno para dar explicaciones sobre esta cuestión.
Celeste ha argumentando que no se han hecho cambios en la normativa que regula el padrón municipal más allá de establecer la obligación de que las entidades sociales notifiquen cada seis meses --antes era cada año-- actualicen el listado de las personas que atienden y que siguen sin resolver la necesidad de empadronamiento de forma ordinaria.
"El equipo de gobierno está al lado de la ley que marcan ustedes desde Madrid", les ha espetado a los socialistas. Según la regidora, y como ya expuso el alcalde, Jaime Martínez, el Gobierno central habría desempadronado a unas 50.000 personas de Palma. "Y ustedes son los de la dignidad y la vulnerabilidad", les ha afeado.
Sobre este tema el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, se ha limitado a agradecer al equipo de gobierno "que cumpla la ley y haga su trabajo".