Continuaron siendo destinados a servicios en los que el armamento era imprescindible, según la querella de la causa
PALMA DE MALLORCA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Artà, Bartomeu Gili (PI-Proposta per les Illes), quien ha declarado como imputado ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Manacor, ha admitido que en junio de 2014 firmó la retirada de las armas de fuego a dos agentes de la Policía Local en base a un informe irregular que les declaraba no aptos para portarlas, sin que antes ambos hubieran sido sometidos a las pruebas psicotécnicas pertinentes que determinasen su idoneidad.
Es más, los efectivos continuaron siendo destinados a servicios en los que el armamento era necesario e imprescindible como si estuvieran en posesión del mismo, tal y como relata la querella interpuesta por los dos policías por supuestos delitos de prevaricación, contra los derechos de los trabajadores y falsedad en documento público.
En la declaración que prestó este martes ante la jueza, a cuya transcripción ha tenido acceso Europa Press, el primer edil aseveró que "simplemente" firmó el decreto porque consideró que era su "obligación" después de que la psicóloga contratada por el Ayuntamiento emitiese un dictamen en el que les declaraba no aptos y donde aseguraba haberles efectuado las pruebas, a pesar de que éstas nunca tuvieron lugar.
"Sabía que los agentes no habían acudido a las pruebas", reconoció Gili, quien aseveró que, al examinar el informe, únicamente vio el 'no apto', sin darse cuenta de que en uno de los párrafos ponía que habían acudido al examen médico.
El encausado recordó, sin embargo, que fue cuando se interpuso recurso contra su decreto cuando se dio cuenta del "error", por lo que dictó un nuevo acuerdo para suspender la ejecución del anterior.
Junto al primer edil -quien concurrió en las pasadas elecciones municipales, ya encausado, como candidato a la reelección en el cargo- también fueron interrogados como imputados la psicóloga, Cristina Puebla, y el oficial jefe de la Policía Local, Jeroni Mestre, quienes fueron citados a declarar después de que la jueza admitiese a trámite la querella, suscrita por el abogado Francisco José Pérez.
Así, Mestre, durante su interrogatorio, recordó que convocó a todos los miembros de la Policía Local para que el 22 de abril de 2014 pasaran las pruebas psicológicas y una entrevista personal, si bien admitió que los dos querellantes escribieron un día antes para informar de que no podrían acudir, pese a lo cual la psicóloga emitió su dictamen y el jefe del cuerpo, un informe favorable para que les fuesen retiradas las armas.
En su comparecencia, Mestre, quien cuenta con antecedentes penales por detención ilegal, manifestó que "no sabía que había un error en el informe hasta que pusieron un recurso de reposición". En cualquier caso, se mostró convencido de que los dos agentes "sabían y conocían que el 'no apto' era por la no presentación" a las pruebas.
Finalmente, la psicóloga reconoció que en su dictamen había un "error material" que fue corregido en septiembre y que, según alegó, radicaba en que antes de la frase 'se han sometido al reconocimiento pertinente' "debía constar un 'no'". "Se les consideraba no aptos por no haberse presentado al reconocimiento", aseveró.
Según aseguró, cuando firmó el informe no se dio cuenta del error y sí cuando fue requerida por el Ayuntamiento a raíz del recurso presentado por los agentes.
En concreto, tal y como relata la querella, los dos agentes comunicaron no poder acudir en esa fecha, por motivos personales en el caso de él mientras que ella se encontraba en periodo vacacional, por lo que no le era exigible la práctica de la prueba ese día.
"SE PUSO EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS AGENTES"
Aun habiéndoles sido retirado el armamento, recalcan los querellantes, ambos fueron destinados a prestar servicios en los que era necesaria la llevanza de armas, no "más pacíficos ni seguros", por lo que se ponía así "en riesgo su integridad física y la de terceros", con el consiguiente "temor y sensación de inseguridad que se generó en ellos al verse desprotegidos y desarmados".
A día de hoy, recriminan, ninguno de los dos agentes ha sido evaluado por psicóloga alguna pese al tiempo transcurrido y aun habiendo avisado de la imposibilidad de prestar sus servicios laborales de forma segura y sin riesgo para su integridad. Un segundo Decreto de Alcaldía anuló el primero para que pudieran ser examinados a nivel psicológico, algo que no ha sucedido.
La querella asevera cómo todo lo acaecido "no responde más que a la decisión de perjudicar de forma injustificada y delictiva" a ambos efectivos policiales, "en detrimento de sus derechos profesionales y personales, llegándose al extremo de citar normativa que no es de aplicación en el afán de retirar las armas y justificar aquello que resulta irrazonable y contrario a cualquier interpretación del Derecho".
"GRAVE SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN"
"No existe ningún marco jurídico que avale lo sucedido", recalca el letrado de los denunciantes, al apuntar que los querellados "se alejaron del interés general al que todo acto de la Administración está sometido", al tiempo que "se vieron guiados y dirigidos por un interés espurio y sólo con afán de perjudicarles".
Y ello, subraya, sin olvidar cómo el Decreto de Medidas Urgentes de las Policías Locales de Baleares establecen el uso del arma de fuego "no sólo como elemento defensivo, sino también como intimidatorio y preventivo, lo que revela la esencialidad de la misma como herramienta de trabajo y prevención de riesgos para los agentes de Policía, pues al carecer de pistola así como de aerosol se encuentran en grave situación de indefensión".
Tal y como incide la querella, Gili y Mestre no sólo privaron a los agentes de sus instrumentos de trabajo que a la vez son de seguridad y protección, sino que "de forma consciente les destinaron a prestar servicios en las mismas condiciones en las que hasta la retirada del arma habían venido prestando, por lo que si se consideraba necesaria para la labor que ejercían y no como elemento decorativo".
INFORME "FALSO E INVERAZ"
En cuanto al informe de la psicóloga, la denuncia advierte de que se trata de un documento "falso e inveraz" ya que indicó la participación en unas pruebas de quienes en ellas no habían estado presentes, "causándoles un perjuicio directo y claro" como fue la retirada de sus armas reglamentarias y, en el caso del agente, también de sus armas privadas por lo que a nivel personal se le impidió ejercer como cazador.
Un documento, el de Puebla, que "nació y murió en la Administración pública del Ayuntamiento de Artà", por lo que "no se puede cuestionar" su condición de documento público.
