AMPL.-El fiscal da los hechos del caso Facturas por "suficientemente acreditados" y el juicio queda visto para sentencia

PALMA DE MALLORCA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fiscal Ladislao Roig aseveró hoy que los hechos producidos en el marco del caso Facturas han quedado "suficientemente" acreditados tras las declaraciones efectuadas ayer por el coronel Francisco García Peña, el capitán de la Guardia Civil José López Trujillo, el constructor Jaime Ferragut, y el teniente coronel Luis Cuadri, aunque apuntó que la clave de la supuesta trama investigada es la confección de un certificado por parte de Peña para justificar unas obras en su vivienda oficial que nunca se llevaron a cabo.

Así lo apuntó durante la exposición de conclusiones en el marco del juicio que se celebra desde ayer en la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma, donde remarcó que la última finalidad del coronel era comprar mobiliario para su vivienda a cargo del Estado -con la obtención de 12.505 euros procedentes de la Dirección General de la Guardia Civil, para lo cual elaboró un certificado pese a que su intención no era quedarse con los muebles comprados sino dejarlos en su pabellón para seguir siendo utilizados.

"Es esta finalidad la que debe tenerse en cuenta", recalcó Roig, quien apuntó que esto constituye un delito de falsificación de certificado pese a que todos los demás hechos que concurren en la supuesta trama fueron "un medio para lograrlo", como la confección de un presupuesto de obra por parte del constructor Jaime Ferragut, por valor de 12.505 euros para solicitar el dinero al Instituto Armado y proceder a la ejecución de unos trabajos que no se llevaron a cabo. Según aseveró, el cobro es el agotamiento del delito.

Asimismo, consideró que la testificación de Sonia Trabado, del departamento de negociado del acuartelamiento, ha sido un elemento fundamental en la vista oral ya que manifestó que el sobre con los 12.000 euros que pudo entregar Ferragut -una vez percibidos en la cuenta corriente de Construcciones Calabruix por parte de la Guardia Civil- le llegó "vía Trujillo", e iba destinado a García Peña por las presuntas obras realizadas.

Mientras tanto, el representante del Ministerio Fiscal aseveró que contra Cuadri la única prueba de cargo válida es la declaración efectuada por García Peña, quien aseveró que en agosto de 2005, cuando se desarrollaron los hechos, coincidió en una comida con el teniente coronel y éste le recomendó que "no se preocupase", ya que "conocía a empresarios de la isla y hablaría con ellos como había hecho otras veces para hacer la compra de los muebles con el dinero de la Guardia Civil".

Por su parte, Jacobo Planas, abogado de la acusación particular en representación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), recriminó que la Fiscalía manifieste que la finalidad última sea la falsedad en certificado cuando, ha su juicio, ha quedado constatada la "intención evidente" de engañar en cada una de las firmas. Tal y como recalcó, García Peña tuvo el "dominio funcional" en cada una de los actos, "con documentos en mano que firmó a sabiendas de que no podía, para obtener un lucro de uso de bienes, aunque no de titularidad".

"Por eso ha cometido delitos de falsedad en documento mercantil y de certificado, además de en documento oficial", incidió el letrado en este sentido, quien aseveró asimismo que en este caso no puede aplicarse la atenuante de confesión, tal y como ha apuntado el Ministerio Público, al considerar "esencial" el sobre de dinero dentro del proceso y puntualizar que la confesión previa al juicio no se llevó a cabo ante una autoridad judicial sino "ante un periodista" al que reconoció los hechos.

En opinión de Planas, sobre García Peña hay "toda una trama para hacerse con 12.000 euros públicos en su propio beneficio". En cuanto a Cuadri, aseguró hacerse cargo de su autoría como inductor y se refirió a él como el "cerebro de la operación", porque "dijo lo que había que hacer, tal y como se había hecho en otras ocasiones, buscar un empresario y obtener un dinero para lo que convenga".

Así, recalcó que el teniente coronel "marcó el camino a seguir" mientras que García Peña "fue el ejecutor y correveidile". En relación con Ferragut, los considera "pieza necesaria para cerrar la trama, y actuó consciente de que las obras no se iban a realizar nunca".

"PEÑA NO QUISO ENGAÑAR A NADIE"

En el turno de la defensa, el abogado de García Peña, Josep Zaforteza, subrayó durante la exposición de sus conclusiones que su cliente "en ningún momento quiso engañar a nadie" y, tal y como defendió, llegó a Palma recién nombrado jefe de la Comandancia del Instituto Armado en las islas "convencido" de que la partida destinada a obras también podía reservarse a la compra de mobiliario.

"Tenía la máxima certeza de ello cuando adelantó dinero propio para estas adquisiciones, porque si no, no lo hubiera gastado", puntualizó el letrado, quien remarcó que "no se ha producido lucro y el mobiliario ha quedado en la vivienda, por lo que aquí no se ha beneficiado nadie".

Mientras tanto, el abogado de Cuadri, Rafael Perera, criticó que la acusación particular le está acusando de ser autor por inducción del delito de falsedad, al tiempo que defendió que su cliente tuvo conocimiento de que Peña deseaba "por necesidad remozar" su vivienda ya que no presentaba las condiciones mínimas para ser habitado. También negó que Cuadri fuese el "cerebro" de la trama, y apuntó que la factura ha sido "sacada de la manga". Es por ello que pidió una sentencia absolutoria, al igual que el letrado Fernando Mateas la ha solicitado para García Trujillo.

Por último, Juan Ignacio Herrero, en representación de Ferragut, resaltó que éste haya reconocido los hechos en el juicio aunque no durante la investigación de la Guardia Civil, y mostró su desacuerdo con la petición de pena de dos años de prisión por parte de la acusación particular. "No ha dado ni un sólo motivo para imponer esta pena", incidió al respecto, por lo que reclamó la atenuante de confesión.

PENAS SOLICITADAS

En concreto, la Fiscalía solicita tres meses de prisión y tres de multa a razón de 180 euros mensuales por el delito de falsedad en documento mercantil, además de un año de suspensión por falsedad de certificado, mientras que para Trujillo pide el mismo periodo de suspensión así como seis meses de prisión y seis de multa (180 euros al mes) por falsedad en documento mercantil. Al mismo tiempo, Ferragut se enfrenta a seis meses de prisión y seis de multa (180 euros al mes) por el mismo delito.

Por su parte, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), personada el proceso como acusación particular, pide la condena más contundente, es decir, cuatro años de prisión y suspensión de seis meses para García Peña, a quien acusa de un delito de falsedad de certificado y otro de falsificación en documento público; también cuatro años de cárcel para Cuadri por inducción del delito de falsedad en documento mercantil, y dos años para Trujillo y Ferragut.