Exigen al Ministerio que doble el número de jueces para que haya 20 por cada 100.000 habitantes, que es el ratio de la media europea
PALMA DE MALLORCA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El 38,6 por ciento de los jueces secundan la huelga en Baleares, en contra de la excesiva carga de trabajo, lo que supone que ha sido apoyada por 39 de los 101 jueces en ejercicio durante el día de hoy en las islas, si bien un total de 70 participaron en la concentración celebrada a las 12.00 horas frente al Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Tras la concentración, el juez decano electo del partido judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, remarcó que esta huelga, que ha sido convocada por las asociaciones Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, esta última sin representación en Baleares, tiene el único objetivo de mejorar el "derecho a la tutela judicial efectiva" de los ciudadanos.
En este sentido, rechazó que los jueces no tengan derecho a la huelga, que se ha celebrado sin incidentes, e insistió en que lo único que denuncian es que sus cargas de trabajo no son las adecuadas para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía y, en este sentido, no descartó más huelgas antes del próximo 26 de junio si el Ministerio de Justicia no mejora las condiciones de los magistrados.
Así, lamentó que España, a diferencia de otros países europeos que destinan el 3 por ciento de su presupuesto a Justicia, únicamente asigna un 1 por ciento, lo que se traduce en 10 jueces por cada 100.000 habitantes, "cifra similar a la de Armenia y Azerbayán". Por ello, consideró que el Ministerio debería doblar este ratio para situar a España en la media europea y, en el caso de Baleares, concretó que sólo en los Juzgados de Primera Instancia sería necesaria la incorporación de entre 14 y 16 jueces más.
Precisamente, el representante de la Asociación Profesional de la Magistratura de Baleares, Alejandro Roa, desveló que con la actual crisis económica, el número de asuntos judiciales "se ha disparado de manera alarmante", respecto a 2008, lo que, a su juicio, supondría que debería "doblarse" el número de jueces para afrontar esta situación.
Por otra parte, Martínez Espinosa calificó de "alarmistas" los argumentos en contra de la celebración de esta huelga, después de que "se nos haya tachado de antisistema e incluso de golpistas". En este sentido, el juez decano defendió su convocatoria teniendo en cuenta que hace "demasiados años" que los jueces denuncian por los cauces institucionales y sin publicidad las "deplorables condiciones" en las que se ven obligados a impartir justicia en España y, sin embargo, "no han recibido una respuesta adecuada, sino que, por el contrario, se ha tratado de ocultar las innumerables carencias".
"La consecuencia es que los jueces españoles se ven en la penosa tesitura de tener que soportar cargas de trabajo inasumibles en detrimento de su vida familiar y personal o asistir desolados a la quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, cuya vulneración se invoca como argumento en contra de esta movilización", sostuvo.
Martínez Espinosa remarcó que si no hubiera sido por la "personal implicación" de los jueces "más allá de lo exigible", el servicio público de la Justicia "hubiera sucumbido hace tiempo" ante las "carencias de infraestructuras y los fallos informáticos que condicionan el trabajo". Además, criticó que la "falta de conexión" entre los diferentes sistemas judiciales puede provocar que se den casos en los que en un juzgado esté declarando un ciudadano que, a su vez, está siendo buscado por el juzgado de enfrente.
PRESCRIPCIÓN DE DELITOS
"Estamos cansados de que a través de la machacona invocación de nuestra condición de poder del Estado se pretenda que guardemos prudente silencio ante tanta desidia y despropósitos y, por eso, ya no nos queremos callar porque con nuestro silencio nos hacemos cómplices de responsabilidades ajenas", sentenció.
Finalmente, desveló que la actual falta de "medios suficientes" en la Justicia está provocando en Baleares la prescripción de delitos, sobre todo a la hora de ejecutar penas en el Juzgado Penal de Ejecutorias, relacionadas con juicios rápidos a ciudadanos condenados por conducir bajo influencia de bebidas alcohólicas.
Por su parte, el representante de la asociación Francisco de Vitoria, Jaime Tártalo, remarcó que la huelga pretende "dignificar el trabajo" de los jueces ante la "pasividad" del Ministerio de Justicia para dotar de medios "suficientes" a la carrera judicial, con el fin de mejorar sus condiciones laborales.
Además, añadió que pese a que Jueces para la Democracia y la Asociación Profesional de la Magistratura no han respaldado la huelga, esto "no supone una ruptura de la unidad judicial", teniendo en cuenta que las cuatro asociaciones judiciales defienden las mismas reivindicaciones ante el Ejecutivo central.
En similares términos se expresó el representante de Jueces para la Democracia en Baleares, Gabriel Fiol, quien estimó que la huelga es una "medida límite" que sólo debería adoptarse en caso de que se hayan agotado todos los cauces de negociación con el Ministerio de Justicia.
BERMEJO "NO ES UN INTERLOCUTOR VÁLIDO"
No obstante, apuntó que su asociación ha respaldado el paro de 15 minutos celebrado esta mañana y recordó que también ha pedido la "reprobación" del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, debido a que "no es el interlocutor válido" para las negociaciones por "haber carecido de la capacidad de diálogo y respeto al poder judicial".
De este modo, Fiol apostó por que el interlocutor del Ministerio sea el director general de Relaciones con la Administración de la Justicia, Ángel Arozamena, quien, según remarcó, debería solventar el actual "grave deterioro" de las condiciones de trabajo de los jueces, quienes están "constitucional y legalmente legitimados para hacer uso de la huelga en determinadas situaciones como la actual".
Por otra parte, estimó "imprescindible" mantener la negociación con las demás asociaciones y, por esta razón, destacó que Jueces para la Democracia y la Asociación Profesional de la Magistratura decidieron no acudir a una reunión convocada ayer por el Ministerio en la que se excluía a Francisco de Vitoria y al Foro Judicial Independiente. Así, recalcó que este encuentro se debe producir días después a la huelga de hoy y, además, deben acudir las cuatro asociaciones judiciales.
REIVINDICACIONES DE LOS JUECES
Finalmente, Tártalo recordó que las cuatro citadas asociaciones acordaron una tabla de reivindicaciones, que en caso de que no sean tenidas en cuenta por el Ministerio, supondrá la convocatoria de una huelga conjunta el próximo 26 de junio.
Entre ellas, el representante de la Asociación Francisco de Vitoria destacó la exigencia de la efectiva y urgente instauración de la nueva oficina judicial y la reclamación al Consejo General del Poder Judicial para que establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial.
Asimismo, los jueces reclaman la plena incorporación a los Juzgados de las nuevas tecnologías, con el fin de lograr la intercomunicación de las bases de datos judiciales, la interconexión informática entre Juzgados de distintas Comunidades, la digitalización documental, la firma electrónica y las peticiones de auxilio judicial.
Por otro lado, solicitan una revisión en profundidad de la actual planta judicial, dirigida a la creación y/o supresión de cuantos órganos judiciales fueren precisos para llevar a cabo una distribución equitativa del trabajo.
Otras de las reivindicaciones son arbitrar un sistema adecuado y eficaz de sustituciones judiciales mediante jueces titulares; y medidas necesarias para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar suprimiendo el traslado forzoso por ascenso.
