PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Calvià ha asegurado este miércoles haber adoptado todas las medidas disciplinarias que le permite la ley y el marco constitucional contra el exjefe de la Policía Local del municipio, José Antonio Navarro.
En un comunicado, ha destacado que desde el primer día de su ingreso en prisión, Navarro, además de haber sido relevado del cargo, dejó de cobrar las retribuciones complementarias que le corresponderían por el ejercicio de las funciones de jefe del Cuerpo.
Por ello, al alcalde de Calvià, Manuel Onieva, ha dicho no entender cómo desde el PSIB se sigue afirmando que no se han adoptado medidas disciplinarias contra él cuando "de manera inmediata contundente y al amparo del artículo 22 de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Baleares, fue relevado del cargo que ostentaba, aún desconociendo, los delitos que se le imputan debido a la existencia del secreto de sumario sobre el caso".
Además, ha señalado que se procedió a la apertura de una información reservada sobre el tema para establecer las actuaciones pertinentes, siempre acordes con las decisiones que se deriven del proceso judicial.
"Sigo manteniendo que hay que ser prudente y respetar el principio básico de la presunción de inocencia", ha indicado Onieva, que ha añadido que, "desde el primer día de su ingreso en prisión, José Antonio Navarro ha dejado de cobrar las retribuciones complementarias que le corresponderían por el ejercicio de las funciones de jefe del Cuerpo".
En este sentido, el Consistorio indica que fuentes jurídicas municipales señalan que la suspensión cautelar de empleo y sueldo que reclama la oposición no implica la pérdida de todas las retribuciones ya que la Ley establece que, en las suspensiones cautelares, sólo se dejan de abonar aquellas que son de carácter complementario.
"Sólo se eliminarían las demás cuando existiera una resolución administrativa o judicial en firme", aseguran. Por ello, la decisión adoptada de relevar de su cargo a Navarro representa, de facto, una medida "muy similar" a la solicitada por los representantes socialistas.
Además, esta decisión "cumple escrupulosamente la Ley y no parece que exista controversia jurídica sobre la misma". Por contra, si se hubiera incoado un expediente sancionador contra el funcionario, como solicita el PSIB, no se podría cumplir la exigencia jurídica de informarle previamente y de forma inmediata "de los ilícitos penales o administrativos que pudiera haber cometido", vulnerando, de este modo, los derecho fundamentales recogidos en la Constitución donde se indica que "todas las personas tienen derecho a ser informados de la acusación formulada contra ellos".
Por tanto, consideran que no puede existir ninguna duda sobre que es imposible, en estos momentos, la apertura de un expediente disciplinario previo a la adopción formal de una medida cautelar, porque, al existir secreto de sumario sobre la causa, se desconocen los hechos y las posibles infracciones cometidas y tampoco se podría informar a Navarro de la acusación formulada en su contra, tal como exige la Constitución.
El Ayuntamiento ha recordado que se ha personado en el sumario con el fin de poder conocer los hechos ocurridos de manera inmediata, una vez se levante el secreto de sumario, y, de esta forma, poder adoptar las medidas oportunas entre las que cabría la suspensión cautelar.
Por ello, el alcalde considera que las decisiones adoptadas hasta ahora han sido "rápidas, contundentes y han tenido los mismos efectos materiales que la medida cautelar de suspensión de empleo y sueldo de carácter formal pero respetando en todo momento los derechos fundamentales y la legalidad vigente y evitando una posible responsabilidad del Ayuntamiento como consecuencia de haber cometido una ilegalidad".
"Actuamos sin precipitación pero con contundencia y, lo que es más importante, desde la legalidad"- concluye Onieva, quien ha criticado que otros prefieran "posicionamientos populistas o mediáticos carentes de responsabilidad".
Por otra parte, ha explicado, que la comisión informativa especial que debe investigar la problemática suscitada tras ser encarcelados tres policías locales del municipio, no ha fijado todavía una fecha de inicio para comenzar sus reuniones al estar pendiente de conocerse el nombre de las personas designadas por el grupo municipal socialista que participarán en la misma. Hasta la fecha, dice, sólo el PP ha hecho entrega del escrito en el que figuran los integrantes que trabajarán en esta comisión.
Onieva ha mostrado su sorpresa ante las críticas vertidas al respecto por el portavoz municipal socialista, Alfonso Rodríguez, dado el acuerdo que habían alcanzado recientemente ambos partidos a la hora de tratar el tema de Magaluf como "una cuestión de Estado y sin colores políticos".
