Los servicios jurídicos de Cort ven un "fraude de ley" en la comunicación de los acampados a la Delegación del Gobierno
PALMA, 13 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Delegación del Gobierno en Baleares por supuestas irregularidades en la autorización de la nueva acampada por la vivienda instalada en la plaza de España y ha pedido a la justicia que la prohíba de forma cautelar.
Lo ha anunciado el regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, en una rueda de prensa convocada de urgencia este viernes, dos días después de que los activistas se volvieran a instalar en el centro de la ciudad tras la manifestación por la huelga general.
El recurso judicial, formalizado esta misma mañana, pone el foco en el "fraude de ley" que los servicios jurídicos de Cort han apreciado en la comunicación que el pasado 11 de noviembre uno de los promotores de la acampada hizo ante la Delegación del Gobierno.
"El contencioso es en base a unos hechos de comunicación. El 11 de noviembre la Delegación nos comunicó que habían pedido manifestarse durante 24 horas. Esta se iniciaban el jueves por la tarde, pero la acampada se inició antes. Aquí, por lo tanto, hay un fraude de ley", ha explicado Bauzá.
El responsable del área municipal de Seguridad Ciudadana también ha argumentado que la nueva concentración se autorizó "sin constar la urgencia y habiéndose omitido la perceptiva audiencia al municipio".
"Apreciamos vulneración de principios de lealtad institucional y de la autonomía local", ha incidido. También ha acusado a la administración estatal de "arrogarse implícitamente la gestión del patrimonio municipal.
Es por todo ello que han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Delegación del Gobierno por estas supuestas irregularidades y han solicitado al juzgado la suspensión cautelarísima de la misma, lo que supondría "prohibir" la concentración y levantar el "asentamiento".
Esto, ha sostenido Bauzá, supone dar "un paso más" en sus actuaciones para tratar de desmantelar la acampada que varía respecto a la retirada de las tiendas de campaña y otros enseres que se produjo la semana pasada. El regidor ha negado que fuera un "desalojo", pues "no se le prohibió a nadie que se quedara".
El jueves, tal y como ya adelantó el alcalde, Jaime Martínez, los agentes de la Policía Local identificaron a seis acampados y les levantaron actas administrativas por el supuesto incumplimiento de las ordenanzas municipales. Ahora se instruirá el correspondiente expediente sancionador, cuyas multas el regidor no ha aclarado.
LA FALTA DE COLABORACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL
Bauzá ha dedicado buena parte de su intervención a criticar la actuación de la Delegación del Gobierno, que a su parecer ha dejado "desamparado" al Ayuntamiento y ha "ninguneado" a sus representantes.
Ha sido especialmente vehemente a la hora de reprochar a la administración estatal que el jueves les "negara" la colaboración de la Policía Nacional para controlar a los acampados.
El regidor ha vinculado esto con el hecho de que el Ministerio del Interior tenga activo el nivel cuatro de la alerta terrorista --lo está desde hace casi una década-- y no ha descartado que, en caso de suceder una emergencia en Palma, esta negativa no se pudiera volver a repetir.
