El Colegio de Abogados de Baleares pide al Govern derogar el artículo que permite entregar tásers a los policías locales

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) ha solicitado al Govern que derogue la modificación legislativa que permite a los ayuntamientos de las islas dotar a sus policías locales de tásers y piden a los Ayuntamientos que no los adquieran o que, los que ya los hayan incorporado, suspendan su uso.

La entidad ha recordado que desde 2018 han muerto ocho personas en España por el empleo de estas armas y han puntualizado que cinco de esos ocho casos se atribuyen al uso de estas armas por parte de los cuerpos policiales municipales, mientras que otros dos correspondieron a la Policía Nacional y uno a los Mossos de Esquadra.

En un comunicado, la agrupación de letrados ha indicado que cuatro de estas muertes están judicializados y uno de ellos ocurrió en Palma el pasado 19 de febrero, cuando agentes de la Policía Nacional hicieron disparos de táser contra un hombre que se encontraba en el interior de su vivienda en estado de alteración.

Por eso, han aludido a la reciente aprobación de la ley 4/2026 de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos, en el que se aprueba el Reglamento marco de coordinación de las policías locales de Baleares, en el que se autoriza que los ayuntamientos puedan dotar a las diferentes plantillas de los cuerpos de policía local de dispositivos eléctricos de control, como equipamiento complementario de dotación colectiva.

Poco después se ha publicado una resolución de la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local por la que se aprueba el protocolo para la homogeneización de la utilización de los dispositivos eléctricos de control por parte de los policías locales de Baleares.

Este protocolo han resaltado que "ni siquiera recoge todos los supuestos de precaución respecto de colectivos vulnerables" que facilitan los fabricantes de pistolas táser.

Así, han advertido que en las instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son fácilmente accesibles por internet, la empresa fabricante de dispositivos electrónicos portátiles Taser alerta que el riesgo de muerte o lesión grave "se incrementa para determinados colectivos especialmente susceptibles". En estos casos entrarían las personas que sufren delirio agitado, agitación presunta, agotamiento grave, intoxicación aguda por drogas o consumo crónico de drogas, o sobreesfuerzo por lucha física.

"Estas prevenciones han sido deliberadamente omitidas en el protocolo y responden a supuestos en que es posible que las fuerzas y cuerpos de seguridad recurran más a estos dispositivos, como ocurrió en el caso de Palma del 19 de febrero", han censurado.

El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) en su informe de noviembre de 2009, referente a España, recomendaba al Estado el abandono de su utilización. Por otro lado, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), en su Informe General de 2010, consideraba que este tipo de armas por su propia naturaleza "se prestaban a un mal uso" y recordaba que "nunca debían utilizarse contra colectivos vulnerables, ni contra personas bajo los efectos de las drogas o mentalmente trastornadas, ni contra personas privadas de libertad".

Por otra parte, el Informe provisional de la relatora especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, Alice Jill Edwards, que es el estudio temático oficial y final sobre el comercio mundial de armas y equipos utilizados por las fuerzas del orden, incluye las táser en la lista del equipo que "debe controlarse por los riesgos de uso indebido que presenta".

Amnistía Internacional ha considerado que las pistolas tipo táser son armas "potencialmente letales" y desde hace años ha denunciado su uso "descontrolado" a nivel global.

La organización ha exigido protocolos "estrictos", formación "obligatoria" y "transparencia", ya que advierte que, debido a su naturaleza y su "uso inadecuado", pueden provocar "lesiones graves o la muerte".

Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Icaib ha instado al Govern que, en tanto que no derogue esta normativa, complete el protocolo para la homogeneización de la utilización de los dispositivos eléctricos de control por parte de los policías locales de Baleares.

En este protocolo se debería ampliar la relación de colectivos vulnerables para "ajustarla" a las recomendaciones del principal o principales fabricantes de dispositivos electrónicos portátiles tipo táser.

Igualmente, han solicitado que se incluyan las disposiciones necesarias para velar por que se informe a los funcionarios públicos de la prohibición de la tortura y otros malos tratos, se les imparta capacitación sobre el "uso adecuado" del equipo y se denuncie, investigue y enjuicie "cualquier uso indebido de ese equipo".

Por último, han planteado que se impongan obligaciones en materia de evaluación de los riesgos y la diligencia debida a los operadores, y establecer sanciones por el incumplimiento.