La compañía aérea Transavia elimina el teléfono de atención al cliente con tarifa adicional tras una denuncia de Facua

Pilotos de avión
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Publicado: viernes, 14 junio 2019 13:25

La compañía aérea tendrá que abonar una multa de 4.500 euros impuesta por la Dirección General de Consumo del Govern

PALMA DE MALLORCA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía aérea neerlandesa Transavia Airlines ha sustituido su línea telefónica 902 de atención al cliente con tarificación adicional "de alto coste" por un número con prefijo geográfico de Barcelona (93) tras una denuncia de Facua-Consumidores en Acción.

Según han explicado desde Facua, las llamadas a los 902 suponen un sobrecoste que "infla la factura de los usuarios", ya que no están incluidas en los bonos y tarifas planas que ofertan las compañías de telecomunicaciones, a diferencia de las que se hacen a fijos con prefijo geográfico o a líneas con numeración móvil nacional.

Asimismo, la compañía aérea tendrá que abonar una multa de 4.500 euros impuesta por la Dirección General de Consumo del Govern "por la comisión de una infracción administrativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios".

Cabe recordar que fue en 2017 cuando Consumo abrió el expediente sancionador a la compañía después de recibir la denuncia de la asociación. En este caso, Transavia no se acogió al sistema de reducción de sanciones establecido en la ley autonómica de protección a los consumidores.

Más concretamente, ésta requiere que preste su conformidad con el contenido de la resolución de inicio del expediente y renuncie a formular alegaciones o cualquier tipo de recurso. Por ello, la aerolínea deberá pagar la sanción y ha cambiado el teléfono.

Desde Facua han recordado que tienen presentadas alrededor de un centenar de denuncias contra empresas que utilizan líneas 902 y, asimismo, está en marcha la campaña #Stop902 para movilizar a los usuarios contra "este tipo de abusos en los teléfonos de atención al consumidor".

Con todo, la asociación critica la "absoluta pasividad" al respecto por parte de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de la "inmensa mayoría de autoridades autonómicas de protección al consumidor", ya que de momento, sólo Baleares está abriendo expedientes sancionadores.

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