PALMA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, ha subrayado que el requisito del catalán "nunca ha estado en duda" en el proceso de estabilización del funcionariado, incluido el del Servicio de Salud de Baleares.
En declaraciones este miércoles después de celebrarse la reunión del Consell de la Llengua, el conseller ha destacado que se ha cumplido "con los dos casos, con la ley de 2016 y el decreto de 2022, que había una serie exenciones con el requisito del catalán cuando eran plazas deficitarias".
En este sentido, ha continuado, "los números que ha presentado la Conselleria de Salud han puesto sobre la mesa una magnífica noticia y cifra, que la mayoría de aspirantes a estas plazas tienen el requisito de catalán". "Seguiremos trabajando para que todas las personas tengan el conocimiento del catalán", ha dicho, en referencia a las 15 plazas donde sí hay carencia de personal.
Además, el conseller ha explicado que las entidades OCB y STEI "no contemplan la presentación de estos contenciosos en este procedimiento porque con esta nueva lectura se ha dado un paso muy importante para reconocer la lengua catalana".
Según Company, se puede constatar dos cosas. En primer lugar, que la política lingüística dentro del Govern funciona porque "muchos profesionales del ámbito sanitario pueden acreditar el conocimiento del catalán en un porcentaje alto" y, por otra parte, que con estos datos para próximas convocatorias se podrá utilizar "evidentemente para ajustar aún más los procesos".
Con todo, el Consell Social de la Llengua Catalana ha celebrado este miércoles una sesión para compartir las actuaciones desarrolladas por el Govern desde la Dirección General de Política Lingüística sobre normalización lingüística.
El conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura ha presidido la sesión, en la que se ha explicado a los miembros asistentes, tanto de forma presencial como telemática, los detalles de las campañas institucionales 'Mou la llengua', destinada a incrementar la presencia del catalán a la sociedad, y de 'La justícia, també en català', con el objetivo de promover el uso de la lengua catalana dentro de la Administración de justicia y de fomentar el conocimiento y el respecto de los derechos lingüísticos de los ciudadanos.
Company ha defendido la transversalidad de las acciones impulsadas con proyectos como AINA, que usa las tecnologías de datos y la inteligencia artificial para que las máquinas entiendan y hablen el catalán con el fin de que la lengua gane peso en el ámbito digital.
Por otro lado, ha anunciado que el Govern empezará a tramitar convenios con cada una de las islas para desarrollar las actuaciones referentes al Nomenclador Geográfico de Baleares. Se trata de un catálogo ordenado de topónimos estandarizados de acuerdo con los criterios de la UIB con información sobre su ubicación, el tipo de entidad geográfica y otra información complementaria, que identifique inequívocamente los topónimos de las Islas Baleares. Además, seguirá las directrices de los organismos de normalización para permitir la integración de datos y el intercambio de información.
De entre las actuaciones, destaca también la cuarentena de actividades organizadas en torno al Any Joan Fuster, declarado por el Govern para rendir homenaje a uno de los intelectuales más importantes del siglo XX y reconocer su aportación al enriquecimiento de la cultura catalana.
El programa, con los comisionados Damià Pons y Fina Salord, ha mostrado la figura de Fuster desde diferentes perspectivas y formatos y, sobre todo, con presencia en todas las Islas Baleares, además de las acciones conjuntas con Cataluña y la Comunidad Valenciana.
En cuanto a las pruebas de certificación de conocimientos de catalán, actualmente se están corrigiendo las de la convocatoria de enero y, este año, se convocará una segunda el mes de mayo.
La sesión ha contado con la asistencia, entre otros, de la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido; la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez; el secretario autonómico de Universidad, Investigación y Política Lingüística, Miquel Àngel Sureda; y la directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior.