El Consultiu avala la prohibición del alquiler de barcos privados pero un voto particular cree que invade competencias

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell Consultiu ha avalado la modificación del decreto del chárter náutico que previsiblemente será aprobado este viernes por el Consell de Govern y prohibirá el alquiler turístico de embarcaciones particulares, aunque un voto particular firmado por cuatro de sus consellers alerta de que supone una invasión de las competencias estatales.

El dictamen fue publicado el lunes, un día antes de que la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, anunciara que llevaría al Consell de Govern del viernes esta modificación para prohibir el alquiler turístico de embarcaciones particulares y poner así freno a la normativa estatal que lo permitirá a partir de mediados de agosto.

Un día después, cuatro consellers del Consultiu emitieron un voto particular llevando la contraria a la mayoría del órgano al considerar que su argumentación contiene algunas "distorsiones e incoherencias" y que la modificación del decreto invade competencias que son propias del Estado.

En el texto alternativo que estos presentaron discrepan con la valoración positiva realizada por la mayoría de sus compañeros al considerar que el proyecto de modificación del decreto "va más allá de lo que debería ser una regulación de la actividad del alquiler de embarcaciones".

En concreto, señalan, alcanza a regular los requisitos técnicos y de legalidad de las embarcaciones que pueden ser objeto de arrendamiento, como se hace evidente cuando se prohíbe alquilar --en el artículo 3.3-- "embarcaciones o buques que tengan autorizado un cambio temporal de uso privado a comercial".

Al parecer de estos cuatro miembros del órgano consultivo, la prohibición total de la actividad de alquiler de las embarcaciones particulares --las matriculadas en lista séptima-- pese a que ya hayan obtenido autorización para el cambio temporal a uso comercial excede las competencias de las que dispone la comunidad autónoma.

La mayoría que aprobó el dictamen, consideran quienes suscriben el voto particular, creyeron que este cambio legislativo afectaba a las competencias en turismo. Sin embargo, de acuerdo con su análisis, afectan a las de navegación marítima y marina mercante, que son de carácter estatal.

"Extender el concepto de turismo y ocio para una inmisión en las normas de despacho de buques es cuanto menos llamativo; y lo es más todavía que por el dictamen de la mayoría se considere que 'el título competencial principal es el turismo'", exponen los consellers discrepantes.

RESTRICCIONES A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

El grueso del Consultiu, en cualquier caso, ha dado su visto bueno al proyecto para modificar el decreto del chárter náutico, aunque no por ello han dejado de advertir de una serie de consideraciones que a su parecer son esenciales antes de que lo apruebe el Consell de Govern.

El dictamen aprobado señala que en la memoria del análisis del impacto normativo (MAIN) del proyecto para modificar el decreto que regula la actividad de alquiler de embarcaciones y buques de recreo se justifica el "nulo impacto económico" que tendrá la modificación normativa.

No tendrá repercusión alguna sobre la competencia ni la unidad de mercado "porque no establece medidas que restrinjan la libertad de circulación de bienes y de personas en todo el territorio español" y, por lo tanto, no es necesario comunicar el proyecto a la CE, tal y como establece la ley en los casos que sí sucede, argumentan desde la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo del Govern.

Sin embargo, el dictamen del Consultiu sostiene que el proyecto de modificación del decreto sí que tiene una incidencia en el mercado dado que la prohibición de realizar la actividad del alquiler náutico de embarcaciones que tengan autorizado un cambio de uso privado a comercial, por lo que "se limita o restringe" el ejercicio de esta actividad económica.

Este asunto, reclama el órgano consultivo, debe introducirse en la MAIN y dar cumplimiento al trámite de comunicación da la Comisión Europea.

Es una de la varias observaciones "esenciales" que insta al Govern a introducir antes de aprobar definitivamente el decreto, como también lo son corregir algunos defectos de forma, argumentar debidamente la base jurídica --en sentencias de la UE y el Supremo--, realizar una evaluación del impacto ambiental o trasladar el proyecto a los consells insulares.