PALMA, 24 May. (EUROPA PRESS) -
La defensa de Cárnicas Vicente --responsable y empresa--, acusados de un delito contra la salud pública, niega "en su integridad" los hechos y asegura que la mercantil desarrollaba su actividad "con total normalidad" y que los empleados "disponían de los medios necesarios para el desempeño de la misma en condiciones de seguridad e higiene".
Según desprende el escrito de defensa al que ha tenido acceso Europa Press, se realizaron hasta 12 inspecciones --previas a las que originaron las presentes acusaciones-- en las instalaciones de Cárnicas Vicente "sin que nunca se advirtiera conductas de delito".
Posteriormente se realizaron otras que dieron lugar a la diligencia inicial que, según el documento, se desarrolló con "falta de pulcritud y exactitud" por dos "detalles significativos". El primero es que lleva la fecha 6 de marzo de 2018 y en la misma se hace mención a la realización de una inspección conjunta el 8 de marzo del mismo año.
El segundo, en base al escrito, es que se dice que la denuncia inicial se hizo por un empleado de Cárnicas Vicente, mientras que el escrito de alegaciones formulado por la comunidad manifiesta que la denuncia la hizo de forma verbal un ciudadano que se personó en la Administración y que no dejó constancia escrita de sus datos.
Con todo, se denunciaron infracciones de etiquetado, congelación-descongelación-congelación y superación de fechas de consumo preferente y de caducidad por parte de Cárnicas Vicente.
Esto conllevó la suspensión de la actividad de congelación de los productos cárnicos, de la sala de despiece de algunas carnes, de la elaboración de carnes picadas y preparados de carne, y de almacenamiento y distribución polivalente en refrigeración, congelación y a temperatura ambiente. También se procedió al cierre de la empresa, con paralización total de la actividad de la misma desde marzo de 2018 y cuya situación continúa actualmente.
La defensa de Cárnicas Vicente sostiene en su escrito que estas infracciones son falsas, al igual que las que señalan que sus patrocinados proveían de productos alimentarios en mal estado a colegios. Además, el documento apunta que se tratan de actuaciones encaminadas a propósito contra Cárnicas Vicente, que ha recibido un trato desproporcionado al dispensado a otras empresas.
Así, el escrito de defensa basa la inocencia de sus representados en la ausencia de pruebas de la nocividad del producto, la plena satisfacción de los clientes con la calidad de los mismos y las "evidentes contradicciones administrativas" en relación al protocolo a seguir. Por esto último solicita el careo entre los dos técnicos de Seguridad Alimentaria del Govern que participaron en la inspección.
ACUSACIÓN
En la presente causa, Fiscalía y Govern piden para el responsable de Cárnicas Vicente la pena de dos años de prisión por un delito contra la salud pública.
Por otro lado, existe una tercera acusación presentada por una empresa que obtuvo el género de Cárnicas Vicente una vez requisado, que pide por el mismo delito cuatro años y una indemnización de 73.000 euros.
Asimismo, una cuarta, en este caso una asociación de empresas de distribución de alimentos, pide hasta 16 años por seis delitos, entre ellos relacionados con condiciones de seguridad e higiene, adulterado con aditivos, envenenamiento con sustancias alimenticias, estafa y falsedad documental.