Denuncian al policía propietario de las infraviviendas de Joan Miró ante los inminentes nuevos desahucios

PALMA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación Stop Desahucios Mallorca ha presentado una denuncia penal contra el agente de la Policía Local de Palma suspendido de sus funciones que es propietario de las infraviviendas ubicadas en unos sótanos de la avenida Joan Miró de la capital balear.

La denuncia, presentada ante el juzgado de guardia, acusa a la mercantil de la que el policía es administrador único de delitos de estafa procesal, fraude de ley y abuso de derecho.

El movimiento judicial, según ha informado la asociación en un comunicado, llega poco antes de que se lleve a cabo el desahucio de las personas que residen en dos de estas viviendas, ubicadas en el número 24B de la citada vía.

Uno de estos lanzamientos estaría vinculado a la supuesta estafa procesal denunciada ante los juzgados, por lo que se ha pedido la paralización del mismo.

Este supuesto delito giraría en torno a la finalización de la cobertura de la moratoria antidesahucios, al haber tratado de urdir una estrategia "deliberada y de mala fe" para "engañar" al juzgado respecto a las normas vigentes y lograr el "perverso" objetivo de no aplicar la ley de vivienda saltándose el tramite de mediación.

Si la administración interviniera y pagara el alquiler de esta familia con fondos públicos, ha apuntado la organización, ese dinero iría a pagar las "cuantiosas multas" que acumula la mercantil, por lo que el policía querría "manipular el procedimiento" para seguir cobrando algunos alquileres ilegales y no rendir cuentas por sus infracciones.

Hay una segunda familia que reside en las infraviviendas de Joan Miró que previsiblemente será expulsada el jueves. En este caso, siempre de acuerdo con la asociación, un juez reconoció su vulnerabilidad pero no suspendió el lanzamiento por su "particular interpretación" de la legislación vigente.

En cualquier caso, Stop Desahucios tiene previsto presentar este mismo martes un nuevo escrito judicial solicitando la suspensión provisional del lanzamiento.

La asociación ha recordado que, a este frente legal, se le suma los "cortes criminales de suministros básicos" que llevan sufriendo las personas que viven en los sótanos de Joan Miró y la estrategia de "acoso institucional" dirigida a "quebrar la resistencia de los afectados".

En ese sentido, Stop Desahucios ha acusado al Ayuntamiento de Palma de enviar a trabajadores sociales a las viviendas "con la única misión de desmoralizar a las familias" y tratar de convencerlas de que el desalojo es "inevitable".

OTROS TRES CASOS DE DESAHUCIOS

La asociación ha puesto sobre la mesa otros tres casos recientes de desahucios, uno de los cuales también está previsto para este próximo jueves y que afecta a una familia trabajadora a la que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) "quiere echar a la calle".

Los afectados residían en el inmueble para cuidar a su abuela, ya fallecida y titular del contrato de alquiler. Para Stop Desahucios, la administración autonómica debería haber valorado la subrogación del mismo.

A este "atropello institucional" se le suma el hecho de que la familia lleva sin representación procesal desde que su procuradora se dio de baja el pasado noviembre. El juzgado no la ha sustituido y ha continuado el procedimiento "de espaldas" a la abogada de oficio que representa los intereses de los afectados.

Es por ello que la asociación ha presentado un escrito solicitando la nulidad de las actuaciones, que sigue pendiente de respuesta. También pidió la suspensión del lanzamiento en virtud de la moratoria, pero tampoco le consta que haya habido una respuesta.

El pasado lunes, en paralelo, se paralizaron dos desahucios, uno que ya estaba previsto y otro que fue notificado "con menos de dos horas de antelación".

Stop Desahucios ha reivindicado el papel que "la unidad y la presión popular" han jugado en estos casos y ha hecho un llamamiento a la movilización de toda la ciudadanía para frenar los tres lanzamientos programados para el jueves.