Detenidas 12 personas, una en Ibiza, tras desmantelar un gran laboratorio de falsificación documental en Madrid

Publicado 07/02/2019 10:33:39CET
POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA DE MALLORCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado en Rivas Vaciamadrid (Madrid) el mayor laboratorio de falsificación documental localizado hasta la fecha en España, y ha detenido como presuntos responsables a 12 personas, una de ellas en Ibiza, por formar parte de una organización dedicada a falsificar documentos.

Según ha informado la Dirección General de la Policía en una nota de prensa, la organización falsificaba principalmente la Tarjeta de Residencia de Familiar Comunitario, entre otros documentos, por los que cobraban hasta 5.000 euros.

Han sido detenidas seis personas en Madrid, cuatro en Barcelona, una en Vigo y otra en Ibiza. Entre los detenidos figuran los líderes de la organización.

En el marco de esta operación, bautizada como 'Operación Chacal', se han practicado nueve registros -cinco en Madrid, tres en Barcelona y uno en Ibiza-, y en uno de ellos, en Madrid, se ha localizado un laboratorio "avanzado y sofisticado", según la Policía, que apunta que "refleja la profesionalidad de los falsificadores y la alta calidad" de los documentos que elaboraban.

Este laboratorio contaba con la infraestructura necesaria para llevar a cabo todas las falsificaciones, sin requerir laboratorios complementarios. La Policía también ha resaltado que era necesario "un elevado conocimiento técnico y teórico" para el manejo de las herramientas encontradas en el laboratorio.

En concreto, en el laboratorio la Policía ha encontrado dos grabadoras láser CNC, una maquinaria industrial usada para hacer cortes a alta velocidad y precisión en material de plástico; seis impresoras de sublimación digital para imprimir fondos de seguridad; dos prensas de impresión tampográfica y termográfica; dos escáneres; seis impresoras láser; y tres equipos informáticos de última generación entre otros.

Además de esta tecnología disponían de cuantioso material para las falsificaciones, como 2.000 tarjetas en blanco (PVC y PC) de procedencia china, la mayoría con el chip incorporado; productos químicos para fijar y secar; un secadero artesanal; y sellos para imitar los hologramas de los documentos, entre otros.

Además, en los registros la Policía también ha intervenido dinero en efectivo -75.000 euros y 20.000 dólares-, cuatro vehículos, un dron, varios dispositivos de almacenamiento masivo de información, documentos falsificados y otros en proceso de fabricación, así como soportes de documentos y medidas de seguridad.

UNA RED DE INTERMEDIARIOS

Según la Policía, la organización criminal falsificaba documentos de identidad para facilitar la introducción en España de ciudadanos marroquíes de forma irregular. Tras varias gestiones, los investigadores comprobaron que la red estaba liderada por ciudadanos argentinos y españoles, que a su vez contaban con una red de intermediarios de origen marroquí.

Los intermediarios se encargaban de facilitar a sus compatriotas las documentaciones a través de familiares que estuvieran en España.

Una vez elaborado el documento, los falsificadores los hacían llegar a los intermediarios mediante mensajería postal. El pago por la falsificación se hacía a través de transferencias bancarias o entidades de envío de dinero.

Una vez que los destinatarios tenían los documentos en Marruecos, accedían a España por vía aérea en vuelos directos o a través de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla.

El pago de los usuarios finales variaba en función del tipo de documento. Por los pasaportes se pagaban 5.000 euros, mientras que por los permisos de residencia y de conducción alrededor de los 800 y los 1.500 euros.

Elaboraban pasaportes de varios países -italianos, argentinos y marroquíes-, cartas de identidad francesas o italianas, visados estadounidenses o tarjetas de residencia de España (régimen general y comunitario).

Los agentes constataron que no se dedicaban únicamente a la venta de documentos falsificados para la entrada ilegal en España, sino que también eran utilizados para constituir empresas, abrir cuentas bancarias, solicitar créditos y obtener permisos de conducir.

De hecho, en algunos casos la Policía ha detectado que los documentos se utilizaban para presentarse a exámenes por otras personas, previa manipulación de la fotografía y del chip del pasaporte español de los interesados.

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