Juan Miguel Costa y dos funcionarias justifican la emergencia del contrato por la situación económica derivada del COVID
PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El director insular de Turismo de Ibiza, Juan Miguel Costa, ha justificado este lunes ante el juez la campaña 'La Vida Islados' que se investiga por supuestas irregularidades, y ha negado que el presidente, Vicent Marí, ordenase contratar a una empresa determinada.
Costa ha comparecido este lunes en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, dentro de un proceso por prevaricación, tráfico de influencias y acoso laboral. También han declarado dos funcionarias, igualmente investigadas.
El director insular --que ha contestado a las preguntas de Fiscalía pero no a las acusaciones particulares-- ha defendido la campaña que Anticorrupción considera irregular, asegurando que era necesaria por la situación de crisis económica derivada del COVID.
Costa ha afirmado que desconocía qué empresa iba a encargarse de la campaña y ha declarado que no le consta que Marí ordenase que había que contratar a una empresa determinada: "No nos indicó a quién adjudicar".
Según el director insular, el presidente era informado de cada paso que se iba dando, pero no estaba presente en las reuniones en las que "se cocinaba" la campaña.
Además, ha rechazado que la campaña haya supuesto un perjuicio para el Consell, sino al contrario: ha sostenido que ha sido una de las más exitosas de la institución y se ha ratificado en todo lo que hizo en su momento sobre este proyecto. Del mismo modo ha negado que nadie se "enriqueciera".
En cuanto a la relación con la interventora, el director insular ha declarado que nunca vio ningún trato diferente ni vejatorio del presidente hacia ella.
Costa ha explicado que, para agilizar los expedientes, en la Dirección habían decidido consultar previamente a la interventora para incorporar sus indicaciones, pero según el director insular tenían problemas porque ella "cambiaba de criterios". Según el director insular, varias personas de su departamento estaban "cohibidas" por el trato con la interventora.
A su salida del Juzgado, ante los medios, Costa ha confiado en que su declaración sirva "para que se aclare todo esto de una vez".
Por su parte, las funcionarias se han ratificado en los informes emitidos en el expediente. Una de ellas ha explicado que rechazaron una primera factura porque no se ajustaba a lo acordado con el proveedor, pero eran "cosas pequeñas" que se subsanaron en una factura rectificada, y ha declarado que se sintió "muy presionada" por la interventora.
Por su parte, la jefa de servicio de Presidencia también ha defendido que, a su criterio, no hubo ninguna irregularidad en el contrato de 'La Vida Islados', si bien no participó directamente en la adjudicación.
La funcionaria ha justificado la emergencia del contrato por la apertura de fronteras tras el confinamiento sanitario y ha asegurado que Marí no le dijo qué empresa había que contratar ni tampoco qué trámite usar. De hecho, ha declarado que aunque era de emergencia, el contrato se hizo "casi siguiendo los mismos trámites y controles" que el ordinario.
Esta empleada pública también ha declarado que el ambiente de trabajo con la interventora es "tenso y difícil".
Andalucía
