Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Galicia, las comunidades que han presentado más recursos judiciales
MADRID/PALMA DE MALLORCA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, calificó hoy de "impensable" e "inimaginable" una sentencia contraria sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) por parte del Tribunal Supremo, y recordó que, hasta la fecha, se han dictado 288 fallos favorables a los padres objetores.
Así, por el momento, se han presentado un total de 1.682 recursos judiciales, de los que cerca de 300 fueron favorables, mientras que otros 29 negaban el derecho a objetar, y 33 se fallaron en contra por falta de pruebas, según datos ofrecidos por Profesionales por la Ética en rueda de prensa en Madrid.
Las comunidades autónomas que han presentado un mayor número de recursos judiciales han sido Navarra (362), Castilla-La Mancha (360), Castilla y León (257), Andalucía (180) y Galicia (140). Por el contrario, en Extremadura (con cuatro casos), País Vasco (cuatro) y Baleares (doce) apenas han registrado casos.
EL TS SE REÚNE ESTE LUNES
A la vista de estos datos, el presidente de Profesionales por la Ética se mostró optimista ante una sentencia favorable por parte del Tribunal Supremo, cuyo pleno se reunirá este lunes para resolver los primeros recursos de casación pendientes contra varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el de Asturias.
"Porque las más de 50.000 objeciones de conciencia declaradas hasta el momento, los casi mil recursos judiciales presentados y los más de 200 fallos favorables ponen de manifiesto, de manera inequívoca, que esta asignatura no transmite valores comunes a todos los ciudadanos, sino a la particular concepción moral de quienes en este momento ostentan el poder político", aseguró Urcelay.
Asimismo, repasó las razones por las que, a su juicio, el Supremo dará la razón a los objetores: la EpC difunde valores "no consagrados en la propia Constitución" y, con la aparición de esta asignatura, "el Gobierno ha pretendido recortar el derecho fundamental de los padres a la educación de sus hijos según sus propias convicciones morales".
Urcelay también consideró "fraudulentos" los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar "la imposición" de esta asignatura que "pretende imponer a todos los escolares una determinada visión del mundo y una concepción moral específica que muchos no comparten". Según Urcelay, "el derecho a la objeción de conciencia es parte indisociable de la libertad de conciencia". "Los padres objetores a EpC constituyen un ejemplo de ciudadanía crítica y participativa", apostilló.
"LIBERTAD EDUCATIVA"
En la misma línea se expresó el coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, que insistió en que el reconocimiento de la objeción de conciencia "es la defensa de la libertad educativa de los padres".
"Si la sentencia del Supremo es favorable, la asignatura tiene muchas posibilidades de desaparecer", aseguró Bazán. En caso de producirse un fallo contrario, adelantó que Profesionales por la Ética solicitará la nulidad del mismo y presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, la coordinadora de la campaña de objeción a EpC de Profesionales por la Ética, Leonor Tamayo, ofreció algunos ejemplos de cómo los contrarios a la asignatura "han sido maltratados, presionados e incluso insultados" a lo largo de tres años.
Así, en el Principado de Asturias, una veintena de alumnos de centros concertados han sido expedientados por la dirección, que los acusa de absentismo. En otras ciudades, como en Cádiz, Jaén y Oviedo, se amenazó con suspender a los alumnos objetores que, según enfatizó Tamayo, "no constituyen una amenaza para nadie".
